El personal migrante de la industria electrónica de Malasia se ve abocado a la ilegalidad.
Después de cerrar una parte de la fábrica y despedir el personal, un proveedor de Panasonic y Toshiba exigió a las personas migrantes pagos desorbitados a cambio de recuperar los pasaportes retenidos. La dirección de la empresa malaia niega todas las acusaciones.
Nikolaj Houmann Mortensen / @DanWatchDK
Alina coge un rábano con la mano izquierda y con el cuchillo que tiene en la mano derecha lo va cortando minuciosamente en rodajas. Va haciendo pequeños montones de trozos circulares, después los corta a tiras, y, finalmente, vacía todo el contenido de la tabla de madera encima de uno de los montones de rábano blanco que la envuelven en el restaurante, que se encuentra vacío. No es muy rápida cortando. De hecho, esta nepalí de 37 años no está acostumbrada a ganarse la vida detrás de los fogones. Alina, que antes se dedicaba a poner cables y montar componentes de telefonía, tan solo hace una semana que entró en el restaurante. Desde entonces, no se ha atrevido a salir de él.
“Ya ha pasado una semana. No me he movido de aquí. Tengo miedo de salir a la calle” afirma Alina.
“Dicen que la policía vendrá a detenerme”
Según el visado y el documento de identidad, Alina debería estar trabajando en una fábrica electrónica de Malasia. Pero ahora que está en el restaurante, su visado ya no es válido: se ha convertido en una persona migrante indocumentada.
Al igual que el resto de las 2-4 millones de personas trabajadoras migrantes indocumentadas que se calcula que hay en el país asiático, ahora se expone a sufrir situaciones más graves de explotación y abusos.
Si el departamento de immigración la descubre, puede detenerla unos cuantos meses y azotarla. Es el castigo que a veces se aplica a las personas que deben ser deportadas, según explican entidades en derechos laborales y los grupos de abogados que defienden a las personas migrantes en Malasia.
SIN SALARIO
Inicialmente, Alina firmó un contrato de tres años con la fábrica electrónica Mctronic, que produce componentes de telefonía para Panasonic y servidores informáticos para Toshiba. En principio, tenía garantizado un trabajo para tres años, pero al cabo de un año y cuatro meses de haber empezado a trabajar la dirección le comunicó que, debido a unos cambios operativos, ya no había trabajo para ella ni para una cuarentena de compatriotas suyos más.
“Dejaron de pagarnos el sueldo” explica Alina.
“Nos dijeron que nos quedáramos en el albergue y que al cabo de una semana o más, nos llamarían”, añade la trabajadora.
Pero la dirección de la fábrica no cumplió con sus promesas relativas al volumen de trabajo, y como según la legislación malaia las personas migrantes tienen que estar vinculadas a la primera empresa que las contrata, se quedaron atrapadas en el albergue sin ingresos. Empezaron a gastar sus ahorros y enseguida tuvieron que pedir préstamos para poder comprar comida y productos básicos.
Al cabo de unos cuantos meses sin cobrar, muchas de estas personas querían volver a Nepal. La fábrica aún tenía los pasaportes con qué les había tramitado los visados iniciales y el personal nepalí se quejaba que esta les exigía pagos desorbitados si querían recuperarlos.
SIN POSIBILIDADES DE VOLVER A CASA
Alina afirma que la fábrica le comunicó que si quería recuperar el pasaporte y obtener un billete de avión para volver a casa debía pagar 870 euros. Es decir, según las consultas efectuadas por Danwatch, cinco veces más de lo que cuestan los vuelos más asequibles hacia Katmandú o el salario base mensual que ganaba en la fábrica multiplicado por cuatro.
Danwatch ha contactado con otras personas que fueron despedidas por Mctronic en el mismo momento y que ahora están en Nepal. Una de ellas afirmó que había tenido que dar unos 400 euros a la empresa para poder recuperar su pasaporte y volver a su país.
Según algunas de estas extrabajadoras, si inicialmente se negaban a realizar el pago, entonces el precio bajaba. En este sentido, el personal que se marchó primero llegó a pagar 970 euros para obtener la documentación y el billete hacia Nepal, mientras que los que se quedaron durante meses en el albergue les acabó costando 180 euros.
Según algunos testigos, Mctronic les ofreció la posibilidad de cambiar de fábrica para no tener que irse de Malasia. Uno de ellos afirma que aceptó el trabajo en una fábrica de vidrio, aunque al cabo de 42 días terminó pagando a la empresa para poder irse a Nepal. Según lo relató a Danwatch, en esa fábrica se sentía inseguro porque había visto cómo un compañero de trabajo se había hecho un corte muy grave en el brazo y no había recibido asistencia médica adecuada. Además, los trabajadores le dijeron que si la policía venía a comprobar los permisos de trabajo, mejor que se escondiera. También afirmó que cobraba menos que en su primer trabajo, ya que ahora tenía que descontar los gastos de comida y transporte de su nómina.
Según otro testigo, la empresa inicialmente recolocó un grupo de personas en dos fábricas de electrónica, pero con sueldos más bajos y teniendo que hacer dos horas extras diarias no remuneradas. Por otra parte, como se veían obligadas a pagar las comidas y, además, no cobraban las horas adicionales, ahorrar era una misión prácticamente imposible. Por tanto, también acabaron entregando 400 euros a Mctronic para volver a Nepal.
Otros, como Alina, decidieron huir del albergue para buscar trabajo: esta vez, como migrante indocumentada en Malasia.
Igual que la mayoría de personas migrantes procedentes de otros países, para Alina y su familia el traslado a Malasia supuso una inversión enorme. El objetivo era devolver las deudas de la granja de su difunto marido y financiar la educación de sus dos hijos, pero el primer año gran parte de los ingresos los tuvo que destinar a pagar comisiones de contratación (950 euros, aproximadamente). Según afirma, la fábrica le restó el dinero de su salario junto con otra cantidad más pequeña, correspondiente a una tasa oficial.
“Fue muy complicado, pero no tenía otra opción”, asegura.
20 PERSONAS EN UNA HABITACIÓN
A unos cuantos kilómetros de donde Alina troceaba rábanos, otra exempleada nepalí de Mctronic, Binsa (38 años), vivía una experiencia similar. Como Alina, cuando la fábrica dejó de pagarle el sueldo no tenía suficiente dinero para volver a Nepal, así que también fue a buscar trabajo sin papeles.
Trabajaba 12 horas en un restaurante los siete días de la semana, todo por unos 8,6 euros diarios. Cuando los representantes de Danwatch quedaron para entrevistarla, como no podía hacer ninguna pausa para descansar tuvo que responder a las preguntas mientras atendía las mesas y, al mismo tiempo, servía arroz frito y café al resto de la clientela.
“He intentado encontrar otro trabajo, pero las condiciones suelen ser mucho peores”, explicaba mientras llevaba tres bandejas de comida.
La mayoría de estimaciones aseguran que en Malasia hay más personal migrante indocumentado que en situación regular. Según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, la cifra oscila entre los 2 y los 4 millones de personas.
Aunque la mayoría de trabajadoras entran legalmente en el país, se quedan sin documentos si, por ejemplo, abandonan la primera empresa por culpa de las malas condiciones laborales, la agencia no les renueva los permisos a tiempo o bien les pierde el pasaporte. Una vez consideradas “ilegales”, estas personas se exponen a sufrir situaciones de explotación más graves, tal cómo Danwatch explica en un informe sobre personal indocumentado que se ve abocado a trabajar a la fuerza.
Según los colectivos que defienden los derechos laborales, casos como el de Alina o Binsa son bastante habituales. Antes de aceptar el pago de las comisiones y trasladarse a Malasia, una agencia de ocupación de Nepal les había prometido que en la fábrica de electrónica tendrían salarios base más altos y buenas condiciones laborales y vitales.
Binda dice que pagó 1.100 euros en comisiones de contratación. Aparte que el sueldo era bajo, se sintió muy decepcionada con el albergue donde se alojaba en Malasia.
“Nos prometieron que estaría limpio, pero después nos metieron en un lugar sucio, éramos 10-20 personas amontonadas como vacas”, explica.
ILEGAL
Según Sumitha Shaanthinni, abogada malaia especializada en migraciones, una de las razones que explica el gran nombre de personal indocumentado existente en Malasia es que este colectivo no tiene la posibilidad de cambiar de trabajo legalmente si sufre maltratos en su primer puesto de trabajo, por ejemplo.
“Por lo tanto, cuando estas personas están descontentas con una empresa concreta y tienen que irse, se quedan sin papeles. Saben que no podrán cambiar de compañía”, explica desde el pequeño despacho que tiene en la 5a planta de un edificio del centro de Kuapa-Lumpur.
Normalmente, son las mismas personas trabajadoras las que tienen que sufragar los costes de las comisiones. Pero según los grupos de defensa de los derechos laborales, a veces las empresas también pagan cuotas a las agencias de recursos humanos y una tasa oficial a la administración para poder contratar personal extrangero.
“Por eso normalmente las empresas intentan retener estas personas, ya que les ayudan a cubrir los gastos”, afirma Adrian Pereira, director ejecutivo de North South Initiative, entidad que presta apoyo variado al personal migrante en Malasia y en sus países de orígen.
Aunque la ley de Malasia establece claramente que las empresas no pueden confiscar pasaportes, también dice que si a una persona trabajadora le han rescindido el contrato antes de hora, esta deberá asumir los costes de repatriación (en este caso, el billete de avión a Nepal), según explica Sumitha Shaanthinni.
SEGÚN LAS EMPRESAS, EL PERSONAL ES EGOÍSTA
Según un estudio exhaustivo de la entidad estadounidense de monitoreo Verité elaborado el año 2014 a partir de una muestra de más de 400 personas trabajadoras de la industria electrónica de Malasia, cerca de un tercio de las migrantes se ven obligadas a trabajar en contra de su voluntad.
Los grupos de derechos laborales señalan que las personas migrantes que trabajan en Malasia corren el riesgo de ser gravemente explotadas por qué no tiene opciones de cambiar de trabajo legalmente. Si no quieren pagar para volver a casa antes que se termine el contrato, les quedan dos posibilidades: soportar los abusos o huir y convertirse en persona migrada ilegal.
Pero desde la asociación PIKAP de Malasia, que representa a 150 agencias del país, su secretario de honor, Sharfadeen Abd. Hamid, niega que la vulneración de derechos laborales sea el principal motivo por el cual el personal abandona el puesto y trabaja sin tener los papeles en regla.
“Probablemente, son egoístas con ellos mismos”, explica a Danwatch desde el edificio de oficinas de PIKAP, a cinco minutos a pie de las torres gemelas Petronas, edificios emblemáticos de Kuala Lumpur.
Según el secretario de honor, probablemente el personal acaba huyendo porque no es capaz de hacer bien su trabajo o bien tiene la oportunidad de ganar más dinero sin papeles. Hamid, pero, no ha aportado ningún tipo de documentación para justificar estas afirmaciones.
“Cuando tienes un problema, no puedes culpar a tu empresa o a los demás y acabar huyendo, tienes que encontrar la manera de resolverlo” afirma Hamid, añadiendo que las personas trabajadoras, al huir, se convierten en ilegales, y, por lo tanto, “se ofrecen a que las exploten”.
“Al final, esto también supone complicaciones para el gobierno. Ya se sabe, se tiene que ir a buscar al personal ilegal, detenerlo y trasladarlo al centro de internamiento. Y después, ponerse en contacto con las embajadas para el proceso de deportación. Es mucho trabajo”, afirma el secretario de honor de esta entidad.
NIEGA LAS ACUSACIONES
Danwatch no ha podido conseguir que Mctronic comente los hechos. En un correo electrónico enviado a Danwatch, el portavoz de Toshiba, Peter Carson, explicó que después de esta petición se puso en contacto con la fábrica.
“Con todo, basándonos en la respuesta que hemos recibido de parte de Mctronic Industries no hemos podido detectar los problemas mencionados”, comentó Carson, que a continuación subrayó que Toshiba es consciente que “la vulneración de derechos humanos en países asiáticos como Malasia es una cuestión fundamental” y que exige a los proveedores que cumplan con la ley y la política de contratación de la empresa.
En cuanto a Panasonic, la portavoz del departamento de prensa, Mio Yamanaka, explicó a Danwatch que ya se habían puesto en contacto con Mctronic, que esta fábrica tenía una visión diferente de los hechos y no se comprometió a investigarlos más detalladamente.
“Mctronic ha explicado que, recientemente, sus 39 trabajadores han renunciado a su puesto y han vuelto a su país de origen. A raíz de la introducción en la fábrica de unos cambios operativos, Mctronic les propuso el traslado a otro lugar, pero decidieron rechazar la oferta y presentar su renuncia. Mctronic ha pagado íntegramente sus sueldos” , relata Yamanaka.
En cuanto a si estas dos empresas pensaban iniciar alguna investigación independiente o daban credibilidad a la versión de los proveedores, Peter Carson afirmó que Toshiba “está tomando las medidas necesarias para poder realizar una auditoría sobre el terreno”.
Desde Panasonic, la portavoz de prensa, Mio Yamanaka, respondió: “Panasonic cree que haría falta realizar un estudio más detallado que no se base únicamente en la información del proveedor”.
