Los testimonios sobre las condiciones de esclavitud que se viven en las fábricas malayas hace tiempo que son conocidos. Aunque el nuevo gobierno del país está empezando a hacer pequeños pasos para luchar contra la explotación del personal extrangero, la clase política y la sociedad civil reclaman a los compradores internacionales que actúen.
Mortensen / @DanWatchDK
El boom de la construcción de Kuala Lumpur parece perpetuo. La ciudad está llena de grúas que trabajan para ampliar la gran variedad de rascacielos que, en el horizonte, dibujan una silueta espectacular. Es el reflejo del sólido índice de crecimiento del país y de los millares de millones de dólares, iuanes, euros y francos suizos en inversiones extranjeras.
Normalmente, la ciudadanía de Malasia no sube a las bastidas elevadas de las calles de la capital para construir estas prestigiosas torres. Suelen hacerlo parte de los millones de personas trabajadoras que han emigrado al país.
Se calcula que hay entre 4 y 6 millones de personas migrantes procedentes de Bangladesh, Nepal, Birmania e Indonesia, trabajando en el sector de la construcción, de vigilantes de seguridad, al servicio doméstico y en fábricas de la industria manufacturera. Este colectivo también juega un papel muy importante para impulsar el principal motor económico de Malasia: la industria electrónica.
PRÁCTICAMENTE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL MERCADO
Malasia es uno de los principales exportadores mundiales de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El año 2018, la electrónica supuso casi el 40% de las exportaciones globales del país, según la Agencia de Promoción del Comercio de Malasia (MATRADE).
Prácticamente todas las grandes marcas internacionales de electrónica tienen proveedores directos o indirectos de Malasia. Los semiconductores, también llamados circuitos integrados o chips informáticos, son la especialidad que más exporta el país. Se encuentran en el interior de casi todos los equipos electrónicos que se fabrican actualmente, desde los teléfonos móviles hasta las alarmas antirrobo, de forma que “prácticamente cualquier dispositivo del mercado” puede contener piezas que han pasado por el país, según un estudio elaborado por Verité, una entidad de monitorización de la cadena de suministro de los EE. UU..
Después de varias estrategias económicas para atraer marcas de electrónica del Japón y los EE. UU., en la década de 1980 la inversión extranjera directa creció espectacularmente. Esto propulsó el sector de la electrónica, que experimentó un crecimiento masivo durante los años siguientes.
Como las inversiones se centraron en el sector industrial de bajo coste e intensivo en mano de obra, se generó una gran demanda de mano de obra barata. La cuestión se resolvió contratando personal extranjero y, a partir de aquel momento, la importación de mano de obra no paró de crecer.
“En este país somos adictos a la mano de obra barata. Somos adictos al personal migrante”, en palabras de Charles Santiago, diputado de Malasia y ex activista de los derechos humanos y laborales.
El director de la organización de derechos laborales de Malasia Tenaganita, Joseph Paul Maliamauv, lo expresa de manera mucho más cruda:
“El crecimiento físico e infraestructural de nuestro país se ha basado en el sudor, la sangre y los huesos rotos del personal migrante”.
El Qatar del sudeste asiático
Si damos un vistazo a las estadísticas, el caso de Malasia no difiere mucho de las experiencias que habitualmente se explican sobre la vida del personal migrante en los estados árabes del Golfo Pérsico.
Según un estudio elaborado por Verité el 2014, de una muestra de más de 400 personas trabajadoras de la industria electrónica en Malasia, al menos el 32% de las personas migrantes se vieron obligadas a trabajar en contra de su voluntad por culpa de fenómenos como por ejemplo la servidumbre por deudas. De hecho, son unas estimaciones optimistas, puesto que parten de una definición bastante estricta de trabajo forzoso.
Según el estudio, el 73% del personal de la electrónica mencionó alguna de las características que definen el trabajo forzoso. El 94% afirmó que la empresa o agencia de recursos humanos le había retenido el pasaporte, mientras que según el 71% recuperarlo después de haberlo reclamado era difícil o imposible.
Explotación a todos los niveles
En general, el personal extranjero viaja a Malasia lleno de esperanza. Según los testigos recogidos por Danwatch, lo que las agencias suelen explicar a las personas migrantes sobre salarios y condiciones laborales tiene muy poco a ver con la realidad que después vivirán.
“Si analizamos la cadena de suministro de mano de obra desde que el personal va a Malasia hasta que vuelve a su país, hay explotación en todos los niveles”, explica Adrian Pereira, director ejecutivo de North South Initiative, una entidad de apoyo al personal extranjero en Malasia y en su país de origen.
“Con las trabajadoras migrantes todo el mundo quiere enriquecerse rápidamente. Y no únicamente mientras trabajan: antes de ir al trabajo y después de salir, con el viaje de llegada en el país y con el de retorno. Incluso, los centros de internamiento de Malasia están ganando dinero a expensas de la explotación laboral”, afirma Pereira.
Según el estudio de Verité, el 92% del personal migrante pagó comisiones de contratación para conseguir trabajo en Malasia y, a menudo, para volver estas cantidades se veía obligado a trabajar meses e, incluso, años. Al llegar al país, podían surgir cargos adicionales para la tramitación de visados o permisos de trabajo y, como los salarios eran más bajos de lo que los habían prometido, la mayoría querían hacer todas las horas extras posibles.
Mensajes contradictorios
Durante años, limitar la proporción de mano de obra migrante ha sido un objetivo político de Malasia. El gobierno anterior introdujo una tasa en la contratación de personas migrantes para disuadir las empresas, pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muchas de estas empezaron a deducir los gastos de los salarios del personal hasta que, finalmente, a partir de 2018 las empresas tuvieron que volver a asumir el coste, como mínimo oficialmente.
El nuevo gobierno de Malasia, que accedió al poder en 2018 después de superar el partido que hacía 61 años que dirigía el país, ha prometido mejorar las condiciones del personal extranjero. Empezó a cuestionar las agencias de recursos humanos y los intermediarios, y firmó acuerdos para contratar el personal directamente a su país de origen, entre otras medidas.
Sin embargo, el gobierno también ha enviado mensajes que no van en la misma línea. Por ejemplo, cuando recientemente The Guardian y ABC publicaron investigaciones sobre situaciones de trabajo forzoso, horas extraordinarias obligatorias y servidumbre por deudas en las fábricas de guantes de Malasia, el Ministro de Recursos Humanos, M. Kulasegaran inicialmente negó todas las acusaciones, y aseguró que los productores no habían hecho nada mal.
Hay que replantearse todo el sistema económico
Las personas defensoras de los derechos laborales critican las autoridades de Malasia porque casi nunca penalizan los empresarios y, en cambio, suelen culpar el personal migrante indocumentado. Señalan que, básicamente, se impide que estas personas puedan emprender acciones legales contra el empresariado, puesto que durante el juicio se tienen que quedar en Malasia pero, a la vez, después de haber presentado los cargos, ya no pueden trabajar en el país y, por lo tanto, se quedan sin ningún tipo de ingresos mientras dure el proceso.
“Vemos cambios relacionados con que el gobierno quiere poner fin a la externalización de contratos y reformar las leyes laborales», explica Sumitha Shaanthinni, abogada de Malasia experta en migraciones.
“Pero cuando sientes las declaraciones de los ministros, te das cuenta que no son muy favorables a las personas trabajadoras. Así pues, es como un déjà vu: de alguna manera, estás tratando con el mismo tipo de gobierno”, añade Shaanthinni.
Adrian Pereira, de North South Initiative, afirma que la agenda reformista del gobierno tiene “un cariz anti inmigrante” que “culpabiliza claramente el personal migrante de los bajos salarios”.
“El problema principal es que no estamos preparados para hacer una transición que rompa con la excesiva dependencia de mano de obra migrante y todavía continuamos promoviendo una explotación enorme. Por lo tanto, creo que hace falta que nos replanteemos la cadena de suministro y el modelo económico en general”, afirma Pereira.
Danwatch ha intentado contactar con las autoridades malayas para comentar los problemas que afectan a las personas migrantes y las formas de solucionarlos, pero solo ha podido obtener una breve declaración del secretario de estado del Ministerio de Recursos Humanos, Amir bin Omar.
“Actualmente, estamos adoptando medidas estrictas y haciendo inspecciones periódicas, no solo en el sector electrónico, sino también en el resto de sectores económicos que contratan personal extranjero”, afirmó el secretario de Estado, que prometió que su ministerio pronto presentará nuevas medidas para combatir estos problemas.
La externalización genera problemas
Durante los últimos años, la situación del personal contratado directamente por las empresas de electrónica puede haber mejorado.
Samsung, por ejemplo, fue acusada de vulnerar los derechos laborales en Malasia, pero cuando Danwatch habló con el personal contratado directamente por una de sus fábricas, todas las personas dijeron que habían pagado una comisión bastante baja, que podían disponer libremente de sus pasaportes, que estaban satisfechas con el alojamiento y, incluso, que celebraban juntos fiestas de cumpleaños con regalos de la empresa.
No obstante, una investigación publicada recientemente por The Guardian revela que, a pesar de que las condiciones del personal directo habían mejorado, en Samsung hay muchas personas trabajadoras subcontratadas que tienen unas condiciones laborales y de vida muy diferentes y que son de explotación. En este sentido, Danwatch detectó casos graves de vulneraciones entre las personas trabajadoras de una fábrica perteneciente al grupo alemán Possehl externalizadas a través de una agencia de recursos humanos. Según estas personas, las condiciones de las personas trabajadoras contratadas directamente eran muy mejores.
A lo largo de los últimos años, la subcontratación de personal extranjero por parte de las fábricas no ha parado de aumentar. Según las conclusiones de un estudio elaborado el 2019 por el OIT, la OCDE y el Banco Asiático de Desarrollo esta tendencia ha provocado que el personal esté “en una situación vulnerable y de inferioridad, caracterizada por las jornadas largas, la carencia de protección social y, en muchos casos, la confiscación de pasaportes y documentación laboral”.
El boom de la construcción de Kuala Lumpur parece perpetuo. La ciudad está llena de grúas que trabajan para ampliar la gran variedad de rascacielos que, en el horizonte, dibujan una silueta espectacular. Es el reflejo del sólido índice de crecimiento del país y de los millares de millones de dólares, iuanes, euros y francos suizos en inversiones extranjeras.
Normalmente, la ciudadanía de Malasia no sube a las bastidas elevadas de las calles de la capital para construir estas prestigiosas torres. Suelen hacerlo parte de los millones de personas trabajadoras que han emigrado al país.
Se calcula que hay entre 4 y 6 millones de personas migrantes procedentes de Bangladesh, Nepal, Birmania e Indonesia, trabajando en el sector de la construcción, de vigilantes de seguridad, al servicio doméstico y en fábricas de la industria manufacturera. Este colectivo también juega un papel muy importante para impulsar el principal motor económico de Malasia: la industria electrónica.
PRÁCTICAMENTE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL MERCADO
Malasia es uno de los principales exportadores mundiales de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El año 2018, la electrónica supuso casi el 40% de las exportaciones globales del país, según la Agencia de Promoción del Comercio de Malasia (MATRADE).
Prácticamente todas las grandes marcas internacionales de electrónica tienen proveedores directos o indirectos de Malasia. Los semiconductores, también llamados circuitos integrados o chips informáticos, son la especialidad que más exporta el país. Se encuentran en el interior de casi todos los equipos electrónicos que se fabrican actualmente, desde los teléfonos móviles hasta las alarmas antirrobo, de forma que “prácticamente cualquier dispositivo del mercado” puede contener piezas que han pasado por el país, según un estudio elaborado por Verité, una entidad de monitorización de la cadena de suministro de los EE. UU..
Después de varias estrategias económicas para atraer marcas de electrónica del Japón y los EE. UU., en la década de 1980 la inversión extranjera directa creció espectacularmente. Esto propulsó el sector de la electrónica, que experimentó un crecimiento masivo durante los años siguientes.
Como las inversiones se centraron en el sector industrial de bajo coste e intensivo en mano de obra, se generó una gran demanda de mano de obra barata. La cuestión se resolvió contratando personal extranjero y, a partir de aquel momento, la importación de mano de obra no paró de crecer.
“En este país somos adictos a la mano de obra barata. Somos adictos al personal migrante”, en palabras de Charles Santiago, diputado de Malasia y ex activista de los derechos humanos y laborales.
El director de la organización de derechos laborales de Malasia Tenaganita, Joseph Paul Maliamauv, lo expresa de manera mucho más cruda:
“El crecimiento físico e infraestructural de nuestro país se ha basado en el sudor, la sangre y los huesos rotos del personal migrante”.
El Qatar del sudeste asiático
Si damos un vistazo a las estadísticas, el caso de Malasia no difiere mucho de las experiencias que habitualmente se explican sobre la vida del personal migrante en los estados árabes del Golfo Pérsico.
Según un estudio elaborado por Verité el 2014, de una muestra de más de 400 personas trabajadoras de la industria electrónica en Malasia, al menos el 32% de las personas migrantes se vieron obligadas a trabajar en contra de su voluntad por culpa de fenómenos como por ejemplo la servidumbre por deudas. De hecho, son unas estimaciones optimistas, puesto que parten de una definición bastante estricta de trabajo forzoso.
Según el estudio, el 73% del personal de la electrónica mencionó alguna de las características que definen el trabajo forzoso. El 94% afirmó que la empresa o agencia de recursos humanos le había retenido el pasaporte, mientras que según el 71% recuperarlo después de haberlo reclamado era difícil o imposible.
Explotación a todos los niveles
En general, el personal extranjero viaja a Malasia lleno de esperanza. Según los testigos recogidos por Danwatch, lo que las agencias suelen explicar a las personas migrantes sobre salarios y condiciones laborales tiene muy poco a ver con la realidad que después vivirán.
“Si analizamos la cadena de suministro de mano de obra desde que el personal va a Malasia hasta que vuelve a su país, hay explotación en todos los niveles”, explica Adrian Pereira, director ejecutivo de North South Initiative, una entidad de apoyo al personal extranjero en Malasia y en su país de origen.
“Con las trabajadoras migrantes todo el mundo quiere enriquecerse rápidamente. Y no únicamente mientras trabajan: antes de ir al trabajo y después de salir, con el viaje de llegada en el país y con el de retorno. Incluso, los centros de internamiento de Malasia están ganando dinero a expensas de la explotación laboral”, afirma Pereira.
Según el estudio de Verité, el 92% del personal migrante pagó comisiones de contratación para conseguir trabajo en Malasia y, a menudo, para volver estas cantidades se veía obligado a trabajar meses e, incluso, años. Al llegar al país, podían surgir cargos adicionales para la tramitación de visados o permisos de trabajo y, como los salarios eran más bajos de lo que los habían prometido, la mayoría querían hacer todas las horas extras posibles.
Mensajes contradictorios
Durante años, limitar la proporción de mano de obra migrante ha sido un objetivo político de Malasia. El gobierno anterior introdujo una tasa en la contratación de personas migrantes para disuadir las empresas, pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muchas de estas empezaron a deducir los gastos de los salarios del personal hasta que, finalmente, a partir de 2018 las empresas tuvieron que volver a asumir el coste, como mínimo oficialmente.
El nuevo gobierno de Malasia, que accedió al poder en 2018 después de superar el partido que hacía 61 años que dirigía el país, ha prometido mejorar las condiciones del personal extranjero. Empezó a cuestionar las agencias de recursos humanos y los intermediarios, y firmó acuerdos para contratar el personal directamente a su país de origen, entre otras medidas.
Sin embargo, el gobierno también ha enviado mensajes que no van en la misma línea. Por ejemplo, cuando recientemente The Guardian y ABC publicaron investigaciones sobre situaciones de trabajo forzoso, horas extraordinarias obligatorias y servidumbre por deudas en las fábricas de guantes de Malasia, el Ministro de Recursos Humanos, M. Kulasegaran inicialmente negó todas las acusaciones, y aseguró que los productores no habían hecho nada mal.
Hay que replantearse todo el sistema económico
Las personas defensoras de los derechos laborales critican las autoridades de Malasia porque casi nunca penalizan los empresarios y, en cambio, suelen culpar el personal migrante indocumentado. Señalan que, básicamente, se impide que estas personas puedan emprender acciones legales contra el empresariado, puesto que durante el juicio se tienen que quedar en Malasia pero, a la vez, después de haber presentado los cargos, ya no pueden trabajar en el país y, por lo tanto, se quedan sin ningún tipo de ingresos mientras dure el proceso.
“Vemos cambios relacionados con que el gobierno quiere poner fin a la externalización de contratos y reformar las leyes laborales», explica Sumitha Shaanthinni, abogada de Malasia experta en migraciones.
“Pero cuando sientes las declaraciones de los ministros, te das cuenta que no son muy favorables a las personas trabajadoras. Así pues, es como un déjà vu: de alguna manera, estás tratando con el mismo tipo de gobierno”, añade Shaanthinni.
Adrian Pereira, de North South Initiative, afirma que la agenda reformista del gobierno tiene “un cariz anti inmigrante” que “culpabiliza claramente el personal migrante de los bajos salarios”.
“El problema principal es que no estamos preparados para hacer una transición que rompa con la excesiva dependencia de mano de obra migrante y todavía continuamos promoviendo una explotación enorme. Por lo tanto, creo que hace falta que nos replanteemos la cadena de suministro y el modelo económico en general”, afirma Pereira.
Danwatch ha intentado contactar con las autoridades malayas para comentar los problemas que afectan a las personas migrantes y las formas de solucionarlos, pero solo ha podido obtener una breve declaración del secretario de estado del Ministerio de Recursos Humanos, Amir bin Omar.
“Actualmente, estamos adoptando medidas estrictas y haciendo inspecciones periódicas, no solo en el sector electrónico, sino también en el resto de sectores económicos que contratan personal extranjero”, afirmó el secretario de Estado, que prometió que su ministerio pronto presentará nuevas medidas para combatir estos problemas.
La externalización genera problemas
Durante los últimos años, la situación del personal contratado directamente por las empresas de electrónica puede haber mejorado.
Samsung, por ejemplo, fue acusada de vulnerar los derechos laborales en Malasia, pero cuando Danwatch habló con el personal contratado directamente por una de sus fábricas, todas las personas dijeron que habían pagado una comisión bastante baja, que podían disponer libremente de sus pasaportes, que estaban satisfechas con el alojamiento y, incluso, que celebraban juntos fiestas de cumpleaños con regalos de la empresa.
No obstante, una investigación publicada recientemente por The Guardian revela que, a pesar de que las condiciones del personal directo habían mejorado, en Samsung hay muchas personas trabajadoras subcontratadas que tienen unas condiciones laborales y de vida muy diferentes y que son de explotación. En este sentido, Danwatch detectó casos graves de vulneraciones entre las personas trabajadoras de una fábrica perteneciente al grupo alemán Possehl externalizadas a través de una agencia de recursos humanos. Según estas personas, las condiciones de las personas trabajadoras contratadas directamente eran muy mejores.
A lo largo de los últimos años, la subcontratación de personal extranjero por parte de las fábricas no ha parado de aumentar. Según las conclusiones de un estudio elaborado el 2019 por el OIT, la OCDE y el Banco Asiático de Desarrollo esta tendencia ha provocado que el personal esté “en una situación vulnerable y de inferioridad, caracterizada por las jornadas largas, la carencia de protección social y, en muchos casos, la confiscación de pasaportes y documentación laboral”.
