Europa necesita un teléfono inteligente que dure 10 años: se lanza una nueva campaña

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  • Más de 200 millones de teléfonos inteligentes se venden anualmente en la UE, es decir, casi 7 por segundo.
  • El 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus productos en lugar de comprar otros nuevos, solo alrededor del 11% reparará sus teléfonos cuando se rompan.
  • Esto se debe a que a menudo son imposibles o demasiado costosos de arreglar
  • Nueva campaña de 10 años para teléfonos inteligentes para revertir estas tendencias y hacer que los teléfonos inteligentes más duraderos sean la norma
  • Ampliar la vida útil de los teléfonos inteligentes en solo un año podría ahorrar 2,1 millones de toneladas en emisiones anuales de CO2. Ir más allá y extender la vida útil de 3 a 10 años ahorraría 6.2 millones de toneladas anuales para 2030, una reducción del 42% en su huella general.

La coalición Right to Repair Europe está lanzando la campaña de teléfonos inteligentes de 10 años para resaltar la urgencia ambiental, social y económica de que los teléfonos inteligentes duren mucho más de lo que duran actualmente.

El 23 de septiembre marca el aniversario del lanzamiento del sistema operativo Android y llega un día antes de que salga a la venta el nuevo iPhone 13 de Apple. Ambas empresas son conocidas por la corta vida de sus productos; Los teléfonos de Google solo reciben actualizaciones de software durante 3 años y los de Apple tienen un diseño irreparable, las piezas de repuesto solo están disponibles para los talleres de reparación autorizados y el uso de software como una barrera para la reparación.

“Creemos que las medidas necesarias para que todos los europeos tengan derecho a usar sus teléfonos durante al menos 10 años son clave no solo para lograr las ambiciones de sostenibilidad de Europa, sino también para crear nuevos puestos de trabajo y construir comunidades resilientes”, dice la activista de Right to Repair Europe, Chloé. Mikolajczak.

La campaña de la coalición está revelando las barreras para teléfonos verdaderamente más duraderos al establecer un crowdfunding de parodia para un producto que duraría al menos 10 años. Algunas características de un «teléfono inteligente de 10 años» incluyen:

  1. Diseño para reparación: el teléfono inteligente de 10 años es fácil de abrir, desmontar y reparar con un solo destornillador para que TODOS puedan elegir hacerlo si lo desean. Sin pegamento u otros trucos. Esto incluye baterías.
  2. 10 años de soporte de software: el soporte de software a menudo se abandona después de solo unos años, lo que afecta el rendimiento y la seguridad. El teléfono inteligente de 10 años tiene una década de soporte de software y no usa software como una barrera para la reparación
  3. 10 años de disponibilidad de piezas de repuesto: las piezas de repuesto originales a menudo son imposibles de conseguir o demasiado caras. Las piezas del smartphone de 10 años se entregarían en 24 horas.

Para ello, se recogerán los teléfonos rotos y se recuperarán las piezas en funcionamiento.Los visitantes de https://10yearphone.com/ pueden obtener más información, ver nuestro video de «lanzamiento» y firmar la carta.

De hecho, para complementar este producto de parodia, la campaña está circulando una carta, dirigida a la Comisión Europea y co-firmada por más de 25 destacados pensadores y activistas en los sectores de reparación, derechos digitales, diseño y sostenibilidad, incluida Leyla Acaroglu (Disruptive Design). , Kyle Wiens (Ifixit), Thibaud Hug de Larauze (Back Market) y David Cormand (Los Verdes).

La carta y las firmas del público se entregarán a la Comisión Europea a finales de octubre, unas semanas antes de que la Comisión Europea presente su nueva “Iniciativa de Electrónica Circular”.

En marzo de 2020, el Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea prometió un «nuevo derecho a reparar» y medidas para garantizar que los productos, servicios y modelos comerciales sostenibles se conviertan en la norma.

Pero las medidas iniciales del derecho a la reparación implementadas este año para los electrodomésticos están lejos de ser suficientes. No solo restringen las mejoras principalmente a profesionales
reparadores, no abordan los problemas centrales del costo de reparación y actualizaciones de software.

Acerca de la campaña Right to Repair:

La campaña europea Right to Repair es una coalición de más de 80 organizaciones de 18 países europeos que luchan por productos más duraderos y reparables.

Los miembros de la campaña representan a grupos comunitarios de reparación, activistas ambientales, actores de la economía social, defensores de la autorreparación y cualquier ciudadano que desee obtener su derecho a la reparación.

Acerca de la iniciativa de electrónica circular:

Una iniciativa de la UE para promover una mayor vida útil de los productos, implementar el derecho a reparar (incluido el derecho a actualizar el software obsoleto). Se espera para el cuarto trimestre de 2021.

 

Para más información, por favor contactar: 

Chloé Mikolajczak

Right to Repair campaigner

+32/486.31.18.14

chloe@therestartproject.org

Crisis en Agbogbloshie debido al desmantelamiento forzado del vertedero

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Julio de 2021

  • La semana pasada, el gobierno regional de Accra (Ghana) empezó a desmantelar el barrio de Agbogbloshie, su mercado y su vertedero electrónico, donde miles de personas trabajan en condiciones lamentables.
  • Se pretende así desplazar 30 kilómetros al norte la actividad de la zona, poniendo en peligro el medio de vida de numerosas familias, y sin garantizarles un entorno laboral aceptable.
  • El abordaje del problema desde un enfoque local, complica la situación de las trabajadoras y trabajadores de la zona, que en realidad son víctimas del modelo productivo asociado a la electrónica, que sostiene el estilo de vida tecnodependiente de las sociedades del Norte Global.

En Accra, la capital de Ghana, se encuentra uno de los vertederos electrónicos más grandes del mundo. Su nombre, Agbogbloshie, hace referencia al barrio donde se ubica, estando en el centro de la ciudad. En el mismo, gente de diversos lugares, a menudo del norte del país donde se encuentra la población con menos recursos, acude en busca de un trabajo como única forma de supervivencia.

El 28 de junio de 2021, Henry Quartey, Ministro Regional del ‘Gran Accra’, ordenó el desmantelamiento de Agbogbloshie dentro de su agenda «Hagamos que Accra funcione». Empezando por los comerciantes de cebollas del mercado, hasta los recolectores de chatarra del vertedero, esta campaña pretende acabar progresivamente con la actual actividad del barrio de Agbogbloshie, y trasladarlo a Adjen Kotoku a unos 30 km a norte.

La policía y varios medios de seguridad han entrado en Agbogbloshie con gases lacrimógenos, y disparando balas de goma para dispersar a los comerciantes que se amotinaban en el barrio. Ordenan su inmediata evacuación, demoliendo todo con excavadoras, y retransmitiendo con orgullo lo que llaman la «toma de posesión de Agbogbloshie» para redes sociales y los medios de comunicación.


Se puede considerar que Agbogbloshie es un centro de economía circular. Sin embargo, las condiciones en que se recicla son lamentables. Sin protección ni medios apropiados que garanticen un adecuado reciclaje, las personas se exponen a una manipulación de tóxicos que, frecuentemente, implica consecuencias muy graves en su salud. Gente muy joven, incluso niños, recuperan del vertedero metales pesados ​​para revenderlos, habiendo igualmente muchas mujeres y niñas que principalmente venden comida y agua para beber, lavarse y apagar el fuego de la quema de cableados.

La quema de estos residuos hace que la población que pasa su día a día en Agbogbloshie respire de manera continua una nube de tóxicos, reflejándose en elevadas tasas de metales pesados ​​en su sangre y orina, y en enfermedades respiratorias, cutáneas, cardiovasculares y cáncer. Todo esto ocasiona un impacto social brutal, que no solo sufre la gente del propio vertedero, sino todo su alrededor: el mercado de frutas y verduras, las escuelas, los templos y las viviendas. Esta situación también supone un desastre medioambiental, ya que el río y los animales de la zona están totalmente contaminados.


Aun así, hay que destacar que el vertedero de Agbobloshie y sus alrededores constituyen el medio de subsistencia de miles de personas de la zona, sin el cual se verían abocadas a una situación de precariedad aún mayor. Es por ello que el desmantelamiento inmediato del vertedero pone en una situación de gran vulnerabilidad a las personas que trabajan cada día, y la zona del mercado, siendo estas actividades su principal medio de subsistencia.

Pedimos que se ponga fin a la violencia ejercida por la campaña de desmantelamiento y reubicación de Agbogbloshie, garantizando que el desplazamiento a Adjen Kotoku comporte una mejora de las condiciones laborales de todas las personas, de la comunidad y del entorno. Hay mucha población a la que la están arrebatando lo poco que tiene, a la que se le está exigiendo un abandono inmediato de su actual forma de vida. El gobierno local de Henry Quartey debe garantizar la seguridad, en un proceso totalmente pacífico donde se respeten los derechos humanos de todas las personas de Agbogbloshie. Las nuevas instalaciones de Adjen Kotoku deben asegurar unas condiciones laborables justas, que minimicen los actuales impactos sociales y medioambientales.

El caso de Agbogbloshie no es un caso aislado. La raíz del problema trasciende más allá de Ghana. El modelo productivo y de consumo mundial a la que nos exponemos acaba implicando consecuencias muy graves en países empobrecidos, a pesar de ser estos los que menos contribuyen a este modelo capitalista. Según los últimos datos 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo, de las que sólo se gestionaron apropiadamente el 17,40%. Hay bastante incertidumbre sobre una cifra importante de residuos que terminan en el tráfico ilegal enviado a países como Ghana, donde no hay recursos para ser reciclados adecuadamente. Ante un problema global pedimos una solución global. Todas las partes implicadas deben asumir su parte de responsabilidad: fabricantes, instituciones políticas y administraciones públicas, y quien consumimos los aparatos electrónicos.

Aprovechamos este comunicado para hacer esta petición extensible a la multitud de vertederos de países empobrecidos que reciben basura electrónica de países enriquecidos. El Convenio de Basilea que regula estos movimientos ilegales debe cumplirse y auditarse, evitando la exportación de tóxicos a los que precisamente menos generan.

Como consumidoras, no olvidemos que la solución pasa no solo por reciclar adecuadamente en origen, sino por la reducción de nuestro consumo, así como apostar por la reparación y reutilización.