Mientras una oleada de protestas se extendía por todo Chile, las comunidades indígenas cortaban las carreteras de acceso a las minas de litio. Los pueblos afectados por la apertura de nuevos yacimientos en sus territorios se quejan de que la administración incumple el requisito de consultarlos previamente.
Nikolaj Houmann Mortensen / @DanWatchDK
Una mañana de octubre, cerca de un millón de personas se manifestaban por las calles de la capital chilena, Santiago. Mientras, en Atacama, intregrantes de las comunidades indígenas cortaban las carreteras de acceso a los yacimientos de litio que atraviesan el desierto.
Ondeando los colores de la bandera wiphala, símbolo de los pueblos indígenas de los Andes, impedían la circulación de los camiones cargados de litio. Como en el resto del país, llevaban pancartas contra el gobierno chileno, pero en clave local denunciaban sobre todo a las dos grandes empresas mineras que operan en Atacama, la estadounidense Albemarle y la chilena SQM.
“Seguiremos manifestándonos hasta que el Estado nos escuche y acepte nuestras demandas legítimas”, declaró a Reuters Sergio Cubillos, que en aquel entonces presidía el Consejo de los Pueblos de Atacama en representación de 18 comunidades indígenas.
Las manifestaciones contra la desigualdad y el poder absoluto del gobierno convocadas por todo el país, muestran un descontento que también comparten muchas de las representantes de las comunidades likanantaí de Atacama que denuncian, por ejemplo, que hace décadas que se explota el litio sin tener en cuenta su opinión.
“La clave del conflicto sobre la extracción del litio radica en el hecho de que la población no puede decidir el futuro de su territorio. Por lo tanto, también tiene que ver con las protestas generalizadas a favor de la democratización y la redistribución de la riqueza”, explica la antropóloga María Cariola, vinculada a la ONG chilena Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
PROTESTAS CONTINUAS
En plena eclosión de la demanda global de litio para la fabricación de baterías para los aparatos informáticos y los vehículos eléctricos, el gobierno chileno continúa preparando el terreno para favorecer el aumento de las extracciones.
Pese a que la comunidad likanantaí (integrada por unas 20.000 personas) hace tiempo que se queja de la actividad minera que hay en su territorio, las protestas se han intensificado durante los últimos dos años. En enero de 2018, la agencia estatal chilena para el desarrollo (CORFO) firmó un contrato con SQM que le permitía triplicar las extracciones de litio con vistas al futuro y alargar su actividad en Atacama hasta el año 2030. Según el vicepresidente ejecutivo de CORFO, se consultó a las comunidades más cercanas a los yacimientos antes de sellar el acuerdo, pero las semanas de manifestaciones, cortes de carreteras e incluso huelgas de hambre de los y las líderes indígenas parecían indicar lo contrario.
Cubillos explicó a Danwatch que la renovación de las concesiones mineras que hay en sus territorios se percibe como una grave agresión a los derechos de los pueblos indígenas.
“La minería de litio tiene un enorme impacto para nosotros: no solo afecta al entorno y los ecosistemas, sino también a la cultura y los vínculos tradicionales de nuestra sociedad”, afirma Cubillos.
TRES RECURSOS JUDICIALES
En enero del año pasado, el Consejo de los Pueblos de Atacama impugnó la renovación de las licencias mineras ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo de Chile. Además, está preparando un recurso que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante las últimas dos décadas, Chile ha cubierto cerca del 40 por ciento de la demanda global de litio, un metal que sirve para fabricar los productos electrónicos y los vehículos eléctricos más conocidos.
“La carrera para atraer nuevas inversiones, atizada por el crecimiento del vehículo eléctrico en Europa y los Estados Unidos, está provocando que tanto los derechos humanos como el valor ecológico de la cuenca salina queden en un segundo plano. Es normal que la población afectada se queje”, explica Ramón Morales Balcázar, del Observatorio Plurinacional de Salinas Andinas, una red impulsada por las comunidades de Atacama, ONG y personal de investigación que estudia la región.
“Si el Estado chileno se hubiera avenido a hablar con las comunidades indígenas del territorio, habría obtenido una visión muy diferente de las nuevas licencias”, reflexiona Cubillos desde el Consejo de los Pueblos de Atacama. Según este representante, las comunidades están muy preocupadas por la extracción masiva de salmuera y agua, que amenaza la supervivencia de su cultura y de su sistema de vida en un entorno donde cada vez hay más sequía. “Antes de tomar esta decisión, nunca nos han consultado como es debido”, afirma Cubillos.
SIN CONSENTIMIENTO INFORMADO
Chile ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas antes de impulsar grandes proyectos que puedan afectar el medio ambiente y los territorios ancestrales.
Los permisos para extraer litio del desierto de Atacama obtenidos por SQM y Albemarle son de 1993 y 1982 respectivamente, muy anteriores a que el gobierno chileno firmara el convenio en 2008. Al consejo indígena le hubiera gustado participar en el proceso de renovación del contrato que autoriza a SQM a ampliar las extracciones en sus territorios.
Por el momento, tanto el Tribunal de Apelación como el Tribunal Supremo han desestimado los recursos presentados por la entidad. Según los jueces, SQM no tenía la obligación de consultar a las comunidades antes de ampliar la actividad extractiva y, por lo tanto, de momento no se han vulnerado sus derechos fundamentales.
“Debe decirse claramente que nunca se ha consultado como es debido a los pueblos indígenas de Chile antes de extraer litio de su territorio”, afirma el abogado Marcel Didier Von Der Hundt, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano, una ONG chilena que defiende los derechos humanos.
Según el abogado, “pese a que las empresas se han puesto en contacto con algunas comunidades para hablar de indemnizaciones, en ningún caso se ha producido el consentimiento informado que requiere el convenio”.
RECLAMAR LA CONSULTA, UNA OPCIÓN CLARA
La asesora técnica de la OIT para fomentar la aplicación del Convenio 169, Birgitte Feiring, asegura que no puede opinar sobre el caso concreto de Chile, aunque destaca que hay precedentes similares que ya han establecido jurisprudencia: en Ecuador, una sentencia ha reconocido el derecho de consulta a una comunidad indígena en detrimento de una empresa que extraía petróleo y gas de su subsuelo. El proyecto se inició antes de que Ecuador firmara el Convenio 169, pero como la explotación y sus efectos continúan después de la ratificación, la OIT dictaminó que los pueblos indígenas debían ser consultados sobre los impactos de los yacimientos.
“Esta sentencia supone un precedente para casos similares. Si una vez ratificado el convenio, el contrato se modifica y se amplía, hay una opción clara para reclamar la consulta”, afirma Birgitte Feiring.
EL YERNO DE PINOCHET
Tanto SQM como Albemarle han sido criticadas por no disponer de políticas adecuadas en materia de derechos humanos.
Los problemas de reputación de SQM entre la sociedad chilena vienen de lejos. Antes había sido una empresa pública, pero se privatizó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Julio Ponce Lerou, que en aquel entonces era yerno del general y presidía el organismo encargado de supervisar las privatizaciones, compró cerca de un tercio de las acciones de la empresa por un precio muy inferior al que fijaba el mercado, según los cálculos que posteriormente realizaron auditores chilenos. Durante los últimos años, la empresa ha sido investigada por diversos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capital y campañas de financiación ilegal. En 2014 estalló un gran escándalo público cuando salió a la luz que políticos de todo el arco parlamentario habían aceptado pagos importantes a cambio de favorecer los intereses de la empresa minera.
“La empresa estaba financiando a toda la clase política. Era la manera de garantizar que no se aprobaría ninguna ley que pudiese realmente controlar sus proyectos de extracción de litio”, afirma Marcel Didier Von Der Hundt, del Observatorio Ciudadano.
EL DINERO NO SUSTITUYE AL CONSENTIMIENTO
La reputación de Albemarle entre los pueblos de Atacama es diferente. A partir de 2016, la empresa empezó a invertir mucho dinero en pagos a representantes y proyectos indígenas con el fin de impulsar el desarrollo comunitario. Según la compañía, destina un 3 por ciento de los ingresos al Consejo de los Pueblos de Atacama, principalmente a proyectos de formación, innovación y emprendimiento.
El convenio genera conflictos entre las comunidades locales: algunas personas y entidades prefieren renunciar a este tipo de financiación, mientras que otras se preguntan si el dinero acaba beneficiando a las élites locales.
El expresidente del Consejo de Atacama, Sergio Cubillos, que ha aceptado fondos de Albemarle, explicó a Danwatch que gran parte de este dinero se ha invertido en un colectivo científico local para que investigue el impacto ambiental de la minería y compruebe si se están vulnerando los límites de extracción permitidos.
“Es cierto que recibimos recursos de la empresa, pero eso no significa que estemos de acuerdo con su actividad: hace más de 20 años que explotan estos minerales y ahora podemos usar este dinero para hacer alguna cosa”, afirma.
MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO
La directora de Albemarle en Chile, Ellen Lenny-Pessagno, reconoce que el permiso de explotación de la mina se obtuvo sin haber consultado previamente a las comunidades tal y como establece el Convenio 169, aunque asegura que la administración chilena había evaluado la empresa antes de la ratificación de la norma de la OIT. Además, explica a Danwatch que la compañía mantiene buenas relaciones con las comunidades de la cuenca salina de Atacama, y destaca que se reúnen mensualmente con el consejo popular.
“Respecto al cumplimiento del Convenio 169, nuestros procesos internos de diálogo con las comunidades se caracterizan por ser más exigentes que los requeridos por la administración”, explica Lenny-Pessagno en un correo electrónico, y añade que los acuerdos de Albemarle con las comunidades locales son “procesos permanentes de diálogo que van más allá de la obtención de permisos”.
Subraya también que el derecho de consulta fijado por el Convenio 169 es más una obligación para los gobiernos que para las empresas, y que antes de obtener la licencia inicial, pusieron en marcha algunos procesos de participación ciudadana.
Asimismo, según el vicepresidente del área de medioambiente de SQM, Alejandro Bucher, el acuerdo firmado recientemente con CORFO no requiere realizar ningún tipo de consulta previa con las comunidades indígenas.
“Así lo estableció la CORFO”, afirma Bucher. “Aun así, la empresa siempre ha promovido el diálogo y la relación con las comunidades que viven en los alrededores de la explotación”, añade.
La agencia estatal para el desarrollo CORFO, propietaria de las concesiones mineras de la cuenca salina de Atacama, otorgadas en régimen de arrendamiento a las empresas explotadoras de litio, no ha querido hacer declaraciones pese a las numerosas peticiones de Danwatch.
