Desde SETEM nos hemos adherido a un comunicado público impulsado por la Raw Materiales Coalition para expresar nuestra oposición con el acuerdo CEPA entre la Unión Europea e Indonesia. (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement).
A pesar de reconocer la importancia de fortalecer las relaciones comerciales entre la UE e Indonesia, varios colectivos de la sociedad civil europea e Indonesia han manifestado sus preocupaciones sobre las consecuencias de este acuerdo, especialmente en cuanto a los derechos humanos, el medio ambiente y a la capacidad de Indonesia de añadir valor a sus materias primas.
El Impacto de la Transición Energética y Extractivismo en Indonesia
El aumento de la demanda de minerales esenciales para la transición energética ha acelerado la explotación de los recursos naturales en Indonesia, uno de los principales productores mundiales de níquel, carbón, cobre, cobalto, oro, estaño, y bauxita. La minería descontrolada, sobre todo en provincias como Sulawesi y Màluku del Norte, ha provocado contaminación de aguas, pérdida de reservas pesqueras, problemas de salud infantil y la pérdida de medios de vida para las comunidades locales e indígenas. Este modelo extractivista también fomenta la deforestación y la expulsión forzada de poblaciones locales, además de agraviar el conflicto armado en Papúa Occidental, donde cerca de 80.000 civiles han sido desplazados. Las mujeres, especialmente vulnerables, se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias o a buscar trabajos informales para sobrevivir.
El CEPA no aborda adecuadamente estos problemas sociales y ambientales urgentes, puesto que no incluye mecanismos legales que mitiguen estos impactos ni establece responsabilidades claras para las empresas implicadas. Sin mecanismos legales firmes para garantizar prácticas sostenibles, este acuerdo corre el riesgo de agraviar el daño causado por la actividad minera en el país y la gestión de sus recursos naturales.
Restricciones a la soberanía de Indonesia
Además, el acuerdo CEPA también impulsa la privatización del sector energético, prohibiendo la intervención del gobierno en el precio de los productos energéticos. Estas disposiciones solo benefician actores privados extranjeros en Indonesia, que actúan como productores independientes de energía, obligando el gobierno indonesio a comprar la electricidad al precio que las empresas fijen. Esto, en última instancia, aumentará la carga sobre las finanzas públicas y pondrá en peligro el acceso de la población a energía asequible, a la vez que dificultará una transición energética equitativa.
En el capítulo sobre Energía y Materias primas, lejos de ayudar a un crecimiento responsable, el CEPA se activa como una herramienta para abrir las puertas del mercado a las multinacionales europeas, eliminando barreras comerciales e incluso prohibiendo restricciones a las exportaciones. Al no incluir mecanismos legales para proteger el planeta, ni responsabilizar las empresas por los daños que causan, el CEPA pose en peligro la soberanía de Indonesia. Estas medidas perpetúan prácticas abusivas e insostenibles, condenando Indonesia a continuar siendo una simple fuente de explotación de recursos.
La Unión Europea tiene que replantear de manera urgente su postura y apostar por un acuerdo más justo y sostenible con Indonesia. Además, la mirada tecnopositivista de la UE sobre la transición energética, que apuesta por el crecimiento de la demanda de materiales esenciales para baterías y otras tecnologías verdes, se presenta como una solución «sostenible». Pero, en la práctica, esta estrategia contribuye a un aumento de la explotación de recursos naturales en regiones como Indonesia, donde las consecuencias son devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales. En lugar de promover una industrialización verdaderamente sostenible, este modelo solo fomenta una demanda insostenible de recursos, reforzando un sistema extractivista que agravia las desigualdades y las violaciones de los derechos humanos.
Esta contradicción entre las intenciones de la UE y sus políticas comerciales pone de manifiesto la necesidad urgente de replantearse como la Unión Europea quiere abordar su papel en la transición energética. El que hace falta es un modelo de comercio internacional que no solo busque el suministro de minerales para satisfacer la demanda de la industria, sino que apoye prácticas responsables y un desarrollo económico equitativo para los países socios, evitando así que la sostenibilidad se convierta en una excusa para la explotación de recursos a expensas del bienestar de las personas y el planeta.
En lugar de seguir imponiendo la liberalización del comercio de materias primas y la privatización del sector energético, la UE tiene que apoyar Indonesia en el desarrollo de sus capacidades de procesamiento internas y promover prácticas mineras responsables con el medio ambiente.
Exigimos:
- Parar las negociaciones del CEPA, puesto que este acuerdo amenaza el medio ambiente, el clima y los derechos de las comunidades locales, mujeres, trabajadores, campesinos y pescadores.
- Preservar la capacidad de Indonesia para desarrollar su cadena de valor en energía y materias primas, incluyendo las capacidades de procesamiento y refinamiento.
- Rechazar la privatización del sector energético y reforzar el control público sobre los recursos naturales.
- No aceptar mecanismos ISDS o ICS que otorguen derechos especiales a las corporaciones en detrimento del interés público.
- Evitar la integración de la Ley Omnibus de Indonesia, que empeora las condiciones laborales y los derechos humanos.
- Garantizar que los materiales comercializados cumplan los más altos estándares ambientales y de derechos humanos, incluyendo consultas previas e informadas en las comunidades afectadas.
- Reducir el consumo de materias primas en la UE, respetando los límites planetarios y promoviendo la sostenibilidad global.
