- Denuncia, responsabilidad y reflexión colectiva: del 3 al 5 de marzo, la 10ª edición del Mobile Social Congress ha llenado espacios para analizar, con una mirada crítica, el papel que juega el tejido empresarial del sector electrónico y las big tech ante los conflictos en todo el mundo, organizado como alternativa crítica al Mobile World Congress.
- Más de 20 expertos en tecnología e IA y representantes de organizaciones de justicia global han participado en esta edición que, bajo el lema «Hackeemos el sistema y construyamos resistencias», han contribuido a desmitificar creencias sobre la inteligencia artificial; han señalado peligros sobre la invisibilización de los abusos de poder en el sector tecnológico y violaciones de derechos humanos en todo el mundo y han sensibilizado sobre el uso responsable de la tecnología.
6 de marzo, Barcelona – El Mobile Social Congress cierra su 10ª edición con la participación de más de 350 personas que, entre el 3 y el 5 de marzo, han disfrutado de diversas actividades programadas como alternativa al Mobile World Congress (MWC), una invitación a analizar, con una mirada crítica, el papel que juega el tejido empresarial del sector electrónico y las big tech ante los conflictos en todo el mundo.
A través de una concentración ante las puertas del MWC para denunciar la complicidad con Israel; un taller para promover el software libre, organizado con SomNúvol; un pódcast en directo de La Turra sobre la IA; y una jornada de charlas abordando temas de actualidad vinculados al uso abusivo de la tecnología, el congreso ha logrado atraer a un público diverso, intergeneracional e inquieto, así como fortalecer y generar nuevas alianzas entre organizaciones referentes en la justicia global, tanto locales como internacionales.
La iniciativa se ha presentado en rueda de prensa en la Sala Raval del CCCB, el día 5 de marzo a las 16 h, antes de la jornada de charlas, con la participación de David Llistar, director del departamento de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona; Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa de SETEM Catalunya; Bernat Alcolea, coordinador de Som Connexió; y Víctor Fancelli, miembro del grupo promotor del SobTec – Congreso de Soberanía Tecnológica.
Llistar ha descrito el Mobile Social Congress como una alternativa de valor frente al Mobile World Congress: «La internacionalización, que tiene ‘caras B’, requiere que en la ciudad donde se celebra el congreso tecnológico más importante del mundo, exista una iniciativa como el Mobile Social Congress, impulsado por SETEM, para ofrecer y explicar que existen alternativas. Esperamos que continúe adelante muchos años más».
Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa de SETEM Catalunya, ha recordado que «llevamos 10 años denunciando que la digitalización tiene un precio muy alto, tanto social como ambiental, a través de la campaña Electrónica Justa, pero la narrativa predominante sigue siendo la tecnooptimista: la que no habla de los impactos, que invisibiliza a las personas que están en estas cadenas de valor y que están perdiendo la salud y los derechos. Entendemos que la ciudadanía del Norte Global tiene derecho a estar informada y conocer las lógicas de poder que hay detrás de las ofertas tecnológicas. Y, lo más importante, tiene derecho a saber que hay alternativas».
Bernat Alcolea, coordinador de Som Connexió, entidad que promueve el MSC, ha afirmado: «Poder apoyar al Mobile Social Congress, donde se visibilizan los impactos sobre las personas y el planeta, es clave para nosotros. Es necesario transformar el mundo de las tecnologías y hacerlo desde el consumo consciente, revisando el uso que hacemos de la tecnología y tratando de minimizar su impacto».
Víctor Fancelli, miembro del grupo promotor del SobTec – Congreso de Soberanía Tecnológica, insiste en que «es fundamental transmitir que tenemos la última palabra sobre cómo consumimos, y esto pasa no solo por la parte del hardware, sino también por la del software. Hemos trabajado el programa del SobTec con SETEM para que sean complementarios, ya que el SobTec tiene una mirada más local, sobre las alternativas de software libre para la ciudadanía de Cataluña. Trabajamos para hacer crítica, pero también para ser propositivos al mismo tiempo».
Las charlas del 10º Mobile Social Congress
La jornada de charlas del MSC 2025, dinamizada por el director de la revista 5W, Agus Morales, comenzó con el panel ‘Barreras y luchas sindicales: testimonios y realidades en el sector electrónico’. En él, Jeroen Merk, de SOMO, presentó el nuevo informe de Good Electronics sobre las barreras a la sindicalización en la industria electrónica, con diferentes estudios de caso. Según Merk, «existe un enorme vacío en la representación sindical en el sector de la electrónica. Millones de trabajadores en la cadena de valor tienen prohibido el derecho a la organización y negociación colectiva, y ponen en riesgo sus vidas si lo hacen».
Silicon Valley, China o Malasia son algunos de los casos que ha desgranado Merk, detallando las diversas limitaciones que la industria impone a los colectivos de trabajadores, legitimando vulneraciones de derechos a través de malas prácticas. Merk ha explicado la relevancia del derecho a organizarse: es una piedra angular de los derechos laborales a nivel global, ya que protege la capacidad de los trabajadores para formar sindicatos y participar en la negociación colectiva. Esto también incluye el derecho a la huelga, que es fundamental para garantizar que los trabajadores tengan una influencia real en los resultados de la negociación colectiva. Sin la capacidad de retirar su fuerza de trabajo, los trabajadores no disponen del poder necesario para negociar condiciones justas.
Prihanani Boenadi, de la Federación del Sindicato de Trabajadoras del Metal de Indonesia (FSPMI), ha compartido la labor de la lucha sindical en Indonesia. “Algunos de los principales retos son la capacidad de organización sindical en fábricas más pequeñas o el hecho de que el salario mínimo de los trabajadores varíe según las regiones, lo que supone un atractivo para las empresas que buscan deslocalizarse y reducir costos a costa de las condiciones laborales. En cuanto a los contratos, debemos luchar constantemente para garantizar su cumplimiento. Incluso pueden multarnos por cambiar de trabajo si encontramos uno mejor, en caso de que el contrato no haya finalizado”.
Mary Ann Castillo, presidenta del sindicato de Nexperia en Filipinas, una empresa de manufactura de semiconductores y otros componentes electrónicos, finalmente no pudo conectarse en línea al panel, ya que debía atender una reunión entre el sindicato y la empresa para negociar un salario digno y defender su derecho a la organización. Las negociaciones comenzaron en enero de 2024 y, desde entonces, muchas trabajadoras han sido despedidas sin que se hayan logrado las demandas del sindicato. Tras este proceso, el sindicato se ha declarado en huelga y ha enviado un vídeo en directo desde la protesta al Mobile Social Congress. En su mensaje, Castillo denunció: “Las penurias que sufren los trabajadores y trabajadoras de Nexperia también las padecen muchas otras personas en Filipinas y en todo el mundo. A causa del capitalismo, que busca acumular beneficios cada vez mayores con la complicidad de los gobiernos, se están aplicando ampliamente políticas neoliberales que incluyen, entre otras, la contratación temporal e inestable, la imposición de salarios extremadamente bajos, la regionalización salarial, los despidos a gran escala por la optimización de costos o la automatización”.
El evento continuó con la entrevista a Chiara Scalabrino, de TCO Certified, para abordar la pregunta: «¿Es posible una certificación ética en el sector de la electrónica?«. Scalabrino explicó que el 60% de las emisiones se generan antes de que el “ordenador o cualquier otro dispositivo llegue a nuestro escritorio” y destacó que la importancia de la certificación de procesos responsables radica en que abarca toda la cadena de producción. “Hasta el día de hoy, podemos decir que la demanda solo ha venido de la administración pública”, señaló, e insistió en que “si no hay una gran demanda por parte de los consumidores, es difícil que los productores soliciten la certificación”.
También habló sobre los retos de lograr una certificación ética en el sector electrónico: “En cuanto a los minerales en conflicto, por ejemplo, llevamos mucho tiempo trabajando en la debida diligencia, aunque es complicado. Uno de los grandes desafíos es trabajar con todos los actores, incluidas las comunidades locales”.
En esta línea, continuó el siguiente panel, titulado «Minería, electrónica y desigualdad: historias de impacto global». El primer participante fue Emmanuel Umpula, de Afrewatch, quien profundizó en la situación de la comunidad de la región de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo (RDC), donde se encuentran gran parte de las reservas mundiales de coltán y cobalto, tras la firma del memorándum de entendimiento con la Unión Europea. Umpula describió la situación como crítica: “Estamos hablando de millones de muertes y el mundo no reacciona. La razón principal es la existencia de numerosos minerales de gran valor en el territorio, cuya explotación es imprescindible para mantener la vida tecnológica moderna que conocemos”.
“Estamos intentando dialogar con Bruselas para establecer una conversación, pero no estamos recibiendo respuestas. Les pedimos que compartan el plan de trabajo, que informen sobre los proyectos que se presentan y si hay alguno que pueda generar valor localmente”, explicó Umpula.
La RDC presentó una demanda contra el gigante tecnológico Apple, pero el tribunal desestimó la denuncia. “Existen numerosos informes europeos que determinan que muchas empresas se benefician de la situación de conflicto en el este del Congo. Apple no es la única. Desde nuestra organización queremos pedir que las empresas contribuyan a lograr la paz. La minería debe realizarse de manera que la población local se beneficie y debemos establecer claramente las condiciones bajo las cuales las empresas operan en el país”.
Sabelo Mnguni, de MACUA, ejemplificó el caso de la masacre en Stilfontein, Sudáfrica: «Se trata de una operación del Estado que causó la muerte de miles de personas y que tenía como objetivo acabar con la minería ilegal. Este es un ejemplo en el que se priorizan los beneficios económicos por encima de las personas, y nadie presta atención. Es grave y peligroso cuando analizamos que la industria minera es uno de los principales motores económicos del continente africano».
Las tierras raras son otra fuente de conflicto. Se denominan así porque tienen una composición mineral específica poco común. Los minerales extraídos se utilizan para fabricar, por ejemplo, aerogeneradores y vehículos eléctricos; drones, misiles y aviones; pantallas, láseres, teléfonos inteligentes y discos duros. Clàudia Custodio, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), explicó que, a través de un estudio, se han identificado 28 conflictos relacionados con los impactos generados por la extracción de tierras raras. Madagascar es uno de los territorios afectados.
Además, señaló que “existen estudios que prevén que la demanda de tecnologías como los vehículos eléctricos se triplique, por ejemplo, y los países de la UE y EE. UU. están buscando de dónde extraer las materias primas para fabricarlos”.
El último panel, «Tecnología, empleo y genocidio», comenzó con la presentación de la campaña internacional nacida en Estados Unidos para poner fin al Proyecto Nimbus, un contrato entre Google, Amazon e Israel, impulsada por No Tech For Apartheid. Este es un movimiento internacional promovido por las propias trabajadoras del sector. Laura, quien prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, es la actual presidenta de la campaña. Recordó que la industria tecnológica se deslocalizó hace décadas de Boston a California porque allí había menos regulaciones, y que esta lógica de buscar la deslocalización para operar con normativas más laxas sigue vigente, al igual que la cultura de la no sindicalización dentro de estas empresas de Big Tech. Sin embargo, enfatizó que la presión de las trabajadoras es clave para exigir a estas grandes empresas que se desvinculen de estados que practiquen el apartheid o cometan genocidios, como es el caso de Israel.
Y siguiendo con la denuncia de la complicidad con Israel, Tina Mason, miembro de La Fira en la Mira, presentó la campaña de incidencia dirigida a la Fira de Barcelona para expulsar a las empresas israelíes del MWC, así como de otros eventos organizados por la Fira. Mason detalló que “la Fira de Barcelona tiene un largo historial de complicidad con el genocidio del pueblo palestino, acogiendo diversos eventos del sector tecnológico vinculados y en colaboración con el gobierno y la industria tecnológica israelí”. En el marco del MWC, explicó que «hemos detectado hasta 46 empresas con presencia en el MWC vinculadas al sector militar israelí. Algunas son muy conocidas, como Amazon o Google». También enfatizó que la Fira de Barcelona es un consorcio formado por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, y destacó cómo estas administraciones están promoviendo que estas empresas, y otras vinculadas a la industria militar, hagan negocios en la ciudad de Barcelona. La campaña ha organizado diversas acciones, como concentraciones, peticiones o llamamientos al boicot. Sin embargo, la respuesta por parte de las administraciones ha sido de rechazo, evasión de responsabilidades e indiferencia.
Para concluir, Nora Miralles, del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (ODHE), presentó el informe “Vigilancia masiva en el Magreb y el Mashreq”. En su análisis, Miralles explicó cómo “el control de la tecnología se ha convertido en un elemento central en los conflictos globales, y el sector tecnológico y de vigilancia operan en un contexto sin regulación que proteja los derechos humanos. Empezamos a verlo claramente con el auge de movimientos como la Primavera Árabe, que derivó en la represión de libertades a través de limitaciones tecnológicas. Toda esta arquitectura tecnológica represiva se sigue utilizando 15 años después”.
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SETEM CATALUNYA
El Mobile Social Congress es un espacio impulsado por SETEM Catalunya, en el marco de la campaña Electrónica Justa, de encuentro, reflexión y sensibilización ciudadana en torno al modelo de consumo y de producción de aparatos electrónicos y tecnologías de la información y la comunicación.
La Asociación SETEM Catalunya, nacida en Barcelona en el año 1968, tiene su sede principal en Barcelona, delegación territorial en Tarragona y grupo local en Sitges. Centra su labor en combatir las injusticias del capitalismo globalizado mediante la sensibilización, la denuncia y la movilización de la ciudadanía catalana, la solidaridad internacional y la promoción de un modelo económico que ponga los derechos y las necesidades de las personas en el centro. Es integrante de la Federación SETEM, formada por otras SETEMs del estado español.
SETEM está promoviendo junto con otras entidades catalanas, la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un instrumento público que permita prevenir vulneraciones de derechos cometidas por empresas que operan en Cataluña, y que también esté dotado de capacidad para recibir denuncias por parte de las víctimas, investigar los casos y hacer pública la información.
El jueves 6 de marzo se registrará por tercera vez la propuesta de ley para la creación de este centro. Habrá una rueda de prensa a las 12 h en el Parlamento.
El Mobile Social Congress 2025 es posible gracias al financiamiento del departamento de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, de la cooperativa de la economía social y solidaria de servicios de telefonía Som Connexió, y de la asociación Pangea Internet Ético y Solidario.
