Realizamos tareas de incidencia hacia las administraciones públicas para que adopten criterios de Compra Pública Socialmente Responsable en el momento de adquirir aparatos electrónicos, velando para la mejora en las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Hacemos incidencia política a nivel local, nacional y europeo para exigir responsabilidad a las empresas transnacionales en el respeto de los derechos humanos, así como en la mejora de las condiciones ambientales, sociales y laborales en la industria electrónica.
