Indonesia es el mayor productor de níquel del mundo. En el año 2022, abasteció el 48% de la demanda global de este metal. Se prevé un aumento del 60% de esta demanda para 2040, debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos.
Desde la campaña Electrónica Justa se vienen denunciando los impactos de la minería vinculada a la producción de electrónica en el Sur Global. Actualmente, se está produciendo un aumento en la demanda de estos recursos naturales, ya que también son esenciales para la producción de vehículos eléctricos. Un ejemplo de ello es el níquel, que se utiliza en las baterías eléctricas. El incremento de su extracción y procesamiento está teniendo consecuencias negativas sobre los ecosistemas y las comunidades locales de Indonesia cercanas a las minas y las fundiciones.
En el contexto actual de crisis climática, es urgente llevar a cabo una transición energética para abandonar los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono. El sector del transporte es un sector clave para esta transición, ya que representa el 25% de las emisiones de la UE. Sin embargo, para que esta transición sea verdaderamente sostenible, deben tenerse en cuenta los impactos globales del aumento en la producción y consumo de vehículos eléctricos, y apostar por un modelo que reduzca el número de vehículos privados, a favor del transporte público y la movilidad compartida, entre otras alternativas.
Climate Rights International ha documentado los impactos ambientales y humanos del IWIP, un gran proyecto en Indonesia de fundición y procesamiento de níquel, así como de las minas de níquel circundantes en Halmahera.
Aunque el objetivo de la transición hacia los vehículos eléctricos es reducir la huella de dióxido de carbono de la industria automovilística, la fundición de níquel en el IWIP tiene una enorme huella de carbono. En lugar de utilizar la abundante energía solar y eólica, el IWIP ya ha construido al menos cinco centrales eléctricas de carbón, y llegará a tener doce. Una vez estén completamente operativas, utilizarán más carbón que España o Brasil en el transcurso de un año.
Por otro lado, más de 5.331 hectáreas de bosque tropical han sido taladas en concesiones mineras en Halmahera, con una pérdida total de aproximadamente 2,04 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero (CO₂e) que antes estaban almacenados como carbono en esos bosques.
Mapa de Indonesia. Recuadro rojo alrededor de Halmahera. Extraído por Climate Rights International.
La construcción y operación del proyecto ha destruido las vidas de pueblos indígenas y de otros miembros de la comunidad rural, y ha causado daños al medio ambiente tanto a escala local como global.
Niños jugando en la playa en Lelilef, a las afueras del Indonesia Weda Bay Industrial Park. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
Algunas empresas, en coordinación con policías y militares indonesios, han participado en la expropiación de tierras, la coacción y la intimidación de pueblos indígenas y otras comunidades rurales, que están enfrentando amenazas graves y potencialmente existenciales para sus formas de vida tradicionales.
Según se ha explicado a través de entrevistas realizadas por Climate Rights International, a las personas que viven cerca del proyecto se les han arrebatado, deforestado o excavado las tierras sin su consentimiento. Algunas personas que se han negado a vender sus tierras han relatado que han sufrido intimidación, amenazas y represalias.
Mina cerca del lago Sagea en Halmahera Central. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
“Antes de la minería, los peces eran abundantes y el mar estaba claro. Ahora, no puedo pescar nada cerca del IWIP. El agua está sucia y el personal de seguridad nos persigue y nos echa. La contaminación del agua viene de la minería. En el agua hay combustible de las máquinas.”
MAX SIGORO, PESCADOR SAWAI
Una persona pescadora navega entre los manglares en Sagea, noviembre de 2023. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
La construcción y operación del proyecto ha destruido las vidas de pueblos indígenas y de otros miembros de la comunidad rural, y ha causado daños al medio ambiente tanto a escala local como global.
Niños jugando en la playa en Lelilef, a las afueras del Indonesia Weda Bay Industrial Park. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
Algunas empresas, en coordinación con policías y militares indonesios, han participado en la expropiación de tierras, la coacción y la intimidación de pueblos indígenas y otras comunidades rurales, que están enfrentando amenazas graves y potencialmente existenciales para sus formas de vida tradicionales.
Según se ha explicado a través de entrevistas realizadas por Climate Rights International, a las personas que viven cerca del proyecto se les han arrebatado, deforestado o excavado las tierras sin su consentimiento. Algunas personas que se han negado a vender sus tierras han relatado que han sufrido intimidación, amenazas y represalias.
Mina cerca del lago Sagea en Halmahera Central. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
“Antes de la minería, los peces eran abundantes y el mar estaba claro. Ahora, no puedo pescar nada cerca del IWIP. El agua está sucia y el personal de seguridad nos persigue y nos expulsa. La contaminación del agua proviene de la minería. En el agua hay combustible de las máquinas.”
MAX SIGORO, PESCADOR SAWAI
Una persona pescadora navega entre los manglares en Sagea, noviembre de 2023. Crédito: Muhammad Fadli para Climate Rights International.
Recomendaciones del informe
A las empresas de vehículos eléctricos:
🔴 Las empresas de vehículos eléctricos como Tesla, Ford y Volkswagen, que tienen contratos para obtener níquel de Indonesia, incluyendo empresas que operan en el IWIP, deben presionar a los proveedores, minas y/o procesadores de minerales para que cambien las prácticas que causan daños al medio ambiente y a los derechos humanos.
🔴 Realizar auditorías en las minas y en las instalaciones para garantizar que los proveedores respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
🔴 Mejorar la transparencia de las cadenas de suministro de los vehículos eléctricos haciendo pública la información sobre todas las empresas de la cadena que se encargan de la minería, refinación, fundición y fabricación de baterías.
🔴 Exigir a los proveedores de níquel que detengan la construcción de todas las nuevas centrales de carbón y elaboren un plan para utilizar energía renovable.
Al IWIP y a las empresas de minería y fundición de níquel en Halmahera central y oriental:
Compensar de forma justa y completa a todos las personas de la comunidad local que tengan conflictos territoriales con las empresas de minería y/o del polígono industrial.
Minimizar la contaminación de agua, aire y tierra derivada de la actividad industrial instalando mecanismos de control de la contaminación del aire, eliminando adecuadamente los residuos y la ceniza del carbón, y tratando las aguas residuales de las instalaciones industriales y las centrales de carbón basándose en la mejor ciencia y tecnología disponible.
Detener inmediatamente la construcción de todas las centrales de carbón en el IWIP y anunciar un plan con objetivos temporales para sustituir las centrales de carbón existentes por fuentes de energía renovable lo antes posible.
Hacer pública toda la información relacionada con la futura expansión, la deforestación, la adquisición de tierras y las actividades industriales, y que sea accesible para las comunidades locales; por ejemplo, organizando reuniones públicas o proporcionando la información en los idiomas locales. Y garantizar que las comunidades indígenas otorguen un Consentimiento Libre, Previo e Informado, como indica la ley internacional.
¿Qué hacer desde Catalunya?
Las administraciones públicas deben tener un compromiso claro para integrar criterios de compra pública socialmente responsable a la hora de adquirir vehículos eléctricos, de modo que se presione a los fabricantes de vehículos eléctricos para garantizar los derechos humanos y minimizar los impactos ambientales a lo largo de las cadenas de suministro.
Promover y hacer efectiva la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos por parte del Parlamento de Catalunya, como herramienta para supervisar y evaluar el impacto de las empresas con sede en Catalunya —o con inversiones y actividades en el territorio— sobre los derechos humanos y el medio ambiente, tanto a escala local como en otras regiones del mundo.
Apostar por un modelo de movilidad en el que se reduzca la cantidad de vehículos eléctricos privados a favor del transporte público, la movilidad compartida, la reducción de desplazamientos y la movilidad activa.
¿Es possible hacer una transició justa?
Consulta las medidas más efectivas para hacer una transición energética más justa y sostenible en el estado español y reducir la extracción primaria de materias primas críticas.
→ Informe completo elaborado por Climate Rights International.
→ Resumen traducido al catalán y castellano por SETEM Catalunya.
