Mujeres en la minería artesanal: el origen oculto de nuestros dispositivos

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En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente rodeados de aparatos electrónicos y hemos normalizado nuestra dependencia de la tecnología. Sin embargo, poco pensamos en los materiales que se han utilizado para fabricarlos. Para fabricar dispositivos electrónicos se necesitan materias primas como el cobalto y el cobre, y con el aumento diario de la producción y del consumo de dispositivos, la demanda de estos materiales, que se extraen en regiones ricas en recursos naturales, está aumentando también.

La primera imagen que nos viene a la mente en el contexto de la minería suele ser un gran emplazamiento industrial lleno de maquinaria. Sin embargo, casi el 90% de la mano de obra minera mundial no trabaja en esas minas industriales a gran escala, sino en lo que se denomina minería artesanal y en pequeña escala (MAPE): extracción de recursos a pequeña escala utilizando herramientas rudimentarias y equipos básicos. La minería artesanal suele tener lugar en entornos informales y a menudo ilegales en países del Sur Global, donde los asentamientos se establecen rápidamente alrededor de las explotaciones mineras. La MAPE es especialmente atractiva para los pobres de las zonas rurales de esas regiones, a quienes ofrece una oportunidad de empleo comparativamente bien remunerado.

Sin embargo, la MAPE plantea diversos problemas. Debido al carácter informal del trabajo, las condiciones laborales son malas y peligrosas, genera gran contaminación ambiental y las sustancias tóxicas utilizadas en el procesamiento del mineral suponen un grave riesgo para la salud.

Las mujeres del sector de la MAPE se enfrentan a dificultades aún más graves – sin embargo, muchas se ven obligadas a trabajar en la minería artesanal, ya que las oportunidades de empleo viables para las mujeres suelen ser escasas, especialmente para las que están estigmatizadas socialmente, como las madres solteras. Así, a medida que disminuye la escala de la minería, aumenta el porcentaje de mujeres trabajadoras. En todo el mundo, las mujeres participan en la minería artesanal como procesadoras, bateadoras y transportadoras de mineral, pero también como proveedoras de servicios dentro de la comunidad minera, como cocinar, limpiar y otras tareas domésticas.

La mayoría de las mujeres que trabajan en la MAPE ganan solo una fracción de lo que ganan los hombres. En combinación con la desigual distribución del trabajo de cuidados, esto hace que las mujeres tengan que trabajar hasta 8 horas más al día que los hombres. A pesar de esto, los beneficios de la minería artesanal casi siempre van a parar a manos de los hombres, ya que la mayor parte de la tierra, de los talleres y de las herramientas son de su propiedad.

Además, la combinación de trabajo de procesamiento y tareas domésticas agrava los peligros para la salud causados por las sustancias tóxicas. Por ejemplo, en los lugares donde se utiliza mercurio para extraer oro del mineral, muchas mujeres realizan esta tarea en su propia casa. La exposición al mercurio es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, ya que aumenta el peligro de abortos.

Otro problema importante es la prostitución forzada. En muchos casos, se utilizan promesas de dinero y trabajo bien remunerado para atraer a mujeres jóvenes a los asentamientos mineros y obligarlas posteriormente a prostituirse. Además, como la mayoría de los asentamientos mineros están fuera del control de la ley, también existe un alto riesgo de violencia sexual y abuso de drogas.

Al mismo tiempo, la presencia de las mujeres es esencial para la estabilidad y la moral de la comunidad. Dado que las mujeres se encargan de las tareas domésticas y prestan muchos servicios esenciales dentro de las comunidades, son vitales para el funcionamiento de todos los asentamientos mineros. Sin embargo, en la mayoría de los países donde se practica la MAPE no existe una protección especial para las mujeres, ni legislativa ni de otro tipo. Las políticas relativas a la MAPE y a quienes trabajan como mineros artesanales, al igual que muchas iniciativas de desarrollo, siguen sin tener en cuenta el género, lo que deja a las mujeres expuestas al peligro y a la opresión. Así, la responsabilidad de la seguridad de las mujeres queda relegada a las ONG, las cooperativas mineras y las organizaciones de la sociedad civil.

Aun así, la solución no es prohibir la MAPE, lo que empujaría a los mineros artesanales a la ilegalidad y la inseguridad y privaría a las regiones pobres de una importante fuente de ingresos. Por el contrario, hay que regularla mejor para garantizar la seguridad laboral y organizar las trabajadoras. Ya hay casos exitosos de trabajadoras que se han agrupado en cooperativas para exigir mejores equipos de seguridad y mejores salarios. Para mejorar la situación y reforzar las mujeres en la minería artesanal, hay que reforzar estas organizaciones y ampliar las redes entre cooperativas, ONG y organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, es importante incorporar la perspectiva de género en todos los marcos políticos e iniciativas de desarrollo pertinentes, tanto en el Sur Global como en el Norte Global, donde tienen su sede la mayoría de las empresas que se benefician de la explotación de las mujeres en la MAPE.

En el contexto de la campaña Electrònica Justa, SETEM Catalunya está trabajando para lograr estos objetivos presionando para conseguir una compra pública responsable y leyes de diligencia debida más estrictas, concienciando sobre las condiciones a las que se enfrentan las mujeres en la MAPE y colaborando con otras iniciativas y organizaciones que abogan por unas condiciones de trabajo justas en el sector minero. Para acabar con la explotación, las empresas tecnológicas deben rendir cuentas, y hay que construir una visión diferente de la digitalización, centrada no en el beneficio y en el consumo, sino en el bienestar de los seres humanos.

 

Fuentes:

LandLinks: Gender Issues in the Artisanal and Small-Scale Mining Sector, 2020, https://www.land-links.org/issue-brief/gender-issues-in-the-artisanal-and-small-scale-mining-sector/

Bester, Vidette: Breaking gender stereotypes. The role of women in artisanal mining, SLR Consulting 2023, https://www.slrconsulting.com/insights/breaking-gender-stereotypes-the-role-of-women-in-artisanal-mining/

Eftimie, Adriana; Heller, Katherine et al.: Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining. A Rapid Assessment Toolkit, World Bank 2012, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/644761468157780524/gender-dimensions-of-artisanal-and-small-scale-mining-a-rapid-assessment-toolkit

Hinton, Jennifer; Veiga, Marcello et al.: Women and Artisanal Mining. Gender Roles and the Road Ahead, en: The Socio-Economic Impacts of Artisanal and Small-Scale Mining in Developing Countries, Swets Publishers 2003, https://prod-edxapp.edx-cdn.org/assets/courseware/v1/6913dd84795c217cc1c8c05358d8e782/asset-v1:SDGAcademyX+NR001+2T2019+type@asset+block/Women_and_artisanal_mining_-_gender_roles_and_the_road_ahead.pdf

Fuente de imagen:

Laura Lartigue, Technical Writing Specialist for USAID/Guinea, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinea_Siguiri_miner_woman.jpg

 

Cierra el Mobile Social Congress, un espacio imprescindible para visibilizar las vulneraciones de los derechos humanos y ambientales de la industria tecnológica

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  • El MSC, que organiza SETEM Catalunya, ha reunido especialistas de todas partes para reflexionar sobre el futuro de la digitalización, ante el creciente protagonismo de las tecnologías de la información
  • También se han puesto de manifiesto los abusos contra los derechos humanos que se esconden detrás de la minería y de las cadenas de suministro de la industria de la electrónica

El Mobile Social Congress (MSC), que se ha celebrado la misma semana que el Mobile World Congress, se consolida como un espacio imprescindible para dar a conocer los impactos de la industria tecnológica. El acontecimiento lo organiza SETEM Catalunya desde 2016.

El MSC, que ha tenido lugar del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, llega a su novena edición con el lema «High tech, low rights: qué coste real tiene la tecnología que consumimos?», especialmente los costes sociales y ambientales que implica la producción de electrónica y la creciente digitalización. Lo ha hecho analizando todos los eslabones de la cadena, desde la extracción de los minerales y materias primas necesarias para la producción de electrónica hasta el uso de los dispositivos y cuando estos, al cabo de muy poco tiempo, se convierten en residuos. También sobre los efectos de la digitalización en la salud mental de las personas que hacen uso de la tecnología digital.

La primera acción, fuera de programa, fue una ‘performance’ en las puertas del MWC, el lunes 26 de febrero, bajo el título «La mina a casa», que mostró cómo los efectos de la extracción de materias primas tradicionalmente externalizada en países del Sur global está aumentando, y también está afectando cada vez más países próximos.

El martes 27 arrancó el congreso con una de las novedades de la edición de este año, la emisión en directo de un episodio del podcast Carne Cruda en la sala Paral·lel 62, que contó con la participación de personas expertas en los efectos de los diferentes eslabones de la cadena de producción y consumo de la tecnología digital, con especial énfasis a los problemas derivados de los residuos electrónicos, el derecho a reparar y las iniciativas sociales y legislativas por la prevención de estos residuos.

El impacto de la extracción del litio en territorios indígenas

El programa continuó el jueves 29 con la proyección y cineforum del documental Antes del litio, de Costa Rica Producciones, elaborado con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. El documental muestra cómo, actualmente, en el norte argentino, hay activos varios proyectos mineros para la extracción de litio en salares y montañas, habitadas por comunidades que resisten ante el embate de las empresas y los gobiernos que quieren explotar estas zonas sin su consenso.

Participó Laura Fontana, de Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, con la moderación de la periodista Marta Molina, que reconoció que la alternativa clave es el decrecimiento, «lo que tenemos que cambiar es la perspectiva y transformar los parámetros de consumo», dijo, teniendo en cuenta que «el impacto que genera en territorios indígenas es alarmante», y que «hay que presionar a las administraciones para que incorporen esta mirada en sus decisiones».

Vulneración de los derechos humanos en la minería del cobalto

Después hubo la presentación del libro Cobalt Red, donde el escritor y activista Siddharth Kara revela los abusos contra los derechos humanos que se esconden detrás de la minería del cobalto en la República Democrática del Congo. Acompañado también de Marta Molina, Kara dijo que «Viajé varias veces a la República Democrática del Congo para documentar qué está pasando en estas minas de suministro del cobalto: lo que vi es el apocalipsis. Centenares de personas, también niños, en situaciones infrahumanas. Hurgando con las manos para conseguir cobalto lo más rápido posible. Tres cuartas partes del suministro del cobalto provienen del Congo, extraído en condiciones terribles. No solo es una violación de sus derechos humanos, también de su entorno».

El activista explicó que cuando compramos un aparato eléctrico no pensamos que está vinculado a la muerte de niños en el Congo, pero que esta es una realidad impuesta por las empresas tecnológicas, que no asumen las responsabilidades de lo que pasa en sus cadenas de suministro. «Las empresas, que están en lo alto de estas cadenas y provocan catástrofes en el Sur Global, tienen que garantizar dignidad: las personas que trabajan al final de la cadena merecen la misma dignidad y los mismos derechos que los trabajadores de las sedes de estas tecnológicas», añadía Kara.

Monitorización de fábricas en China

Para reflexionar sobre las vulneraciones de derechos humanos que se esconden en las cadenas de suministro de la industria de la electrónica y las condiciones laborales en las cuales se trabaja en las fábricas de producción de aparatos eléctricos y electrónicos, Dimitri Kessler, del Economic Rights Institute, habló de la monitorización de fábricas en China. Se identifica un ambiente punitivo para no retardar la producción, pero Kessler asegura que «si hacemos que las empresas sean responsables de sus acciones, su comportamiento cambiará». También explicó qué obstáculos y dificultades encuentran las entidades que intentan hacer tareas de monitorización y de diálogo con las fábricas del gigante chino, un país marcado por una fuerte represión.

Justicia digital

La jornada del jueves se cerró con una mesa redonda sobre justicia digital. La electrónica y en concreto las tecnologías de la información han ganado un creciente protagonismo en los últimos años. En esta novena edición del MSC, SETEM Catalunya quiso reflexionar sobre qué futuro queremos: tenemos que aceptar a cualquier precio la digitalización?

En la mesa redonda participaron Leandro Navarro, de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre identidad y credenciales verificables por la justicia global; Corion Crider, de Foxglove, que habló sobre cómo hacer frente a los gigantes tecnológicos. Sofia Trejo, finalmente, de Barcelona Supercomuting Center, se adentró en el mundo de la inteligencia artificial, para hablar sobre justicia social y ambiental.

Navarro aseguró que las máquinas y las herramientas reproducen el que somos nosotros, «como no tienen que ser racistas o machistas si nosotros lo somos? No lo podemos extraer quirúrigicament».

Crider, por su parte, explicó que un tercio del planeta se conecta a estas plataformas cada día: Facebook, YouTube, Instagram… «Sin el trabajo de moderadores de contenido las redes sociales estarían llenas de terrorismo, pedofilia y otro contenido tóxico. Las redes serían mucho peores, serían un espacio terrible. No dejaríamos que los adolescentes se acercaran, y las empresas no querrían publicitar nada. Todo el beneficio de las empresas se evaporaría. Aun así las empresas del big tech no están garantizando sus derechos laborales».

Trejo añadió que las predicciones mediante inteligencia artificial no son automáticamente ni científicas, ni objetivas, ni ciertas. «En realidad estos sistemas reproducen y amplifican patrones históricos. Los grupos más afectados son los discriminados históricamente: en particular las mujeres y las minorías. Lo que estamos haciendo es generar potenciales formas de violencia y discriminación a gran escala».

Infancia y pantallas

El MSC se cerró el sábado 2 de marzo con una jornada sobre Infancia y Pantallas, en la cual Mercè Botella, de Som Conexión, presentó la Guía para familias crueles y malvadas, en la cual explica de qué manera introducir el primer móvil y cómo hacer el acompañamiento, cuál es la mejor edad para hacerlo, y porqué: «en la guía hablo desde mi experiencia personal con mis hijas; de esto ya hace más de 10 años, y entonces no se hablaba de este tema». Xavier Casanovas, de la Plataforma Adolescencia Libre de Móvil, habló sobre cómo se empezó a organizar este movimiento de familias que ahora ya está presente en todo el estado y qué objetivos tiene, y habló sobre el uso del móvil en los institutos y por qué hay que regularlo: «la sociedad estaba esperando que surgiera un movimiento como este; no necesitamos evidencias científicas sobre cómo afecta el uso del móvil al desarrollo de los niños y adolescentes, la intuición ya nos hace ver que algo no está funcionando (…) queremos retrasar el uso del primer smartphone (…) muchas funciones se pueden cubrir con un móvil que no sea inteligente. El escritor Sergi Onorato presentó la Guía Ayuno Digital, y también expuso las razones por las cuales es relevante que nos replanteemos qué relación tenemos las adultas con nuestros teléfonos móviles: «nos tenemos que plantear el modelo productivista promovido por el capitalismo en el cual todo el rato tenemos que estar haciendo cosas; quizás no hay que escuchar un podcast mientras estás cocinando; necesitamos recuperar los momentos en los cuales tenemos espacio para pensar y crear por nosotros mismos».

Más allá del MSC

El Mobile Social Congress se engloba dentro de la campaña de electrónica justa de SETEM Catalunya -con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, y de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament- por lo cual desde la entidad han insistido sobre la necesidad de seguir impulsando espacios de encuentro, sensibilización y de formación colectiva más allá del MSC. A lo largo del año la entidad ofrece talleres y formaciones para niños y jóvenes sobre estos aspectos. También publica y difunde tanto investigaciones como informes sobre el impacto del sector tecnológico. Otro de los retos de SETEM Catalunya es incidir en las administraciones públicas para que adopten criterios de Compra Pública Socialmente Responsable y para que exijan responsabilidades a las empresas transnacionales en el suyo respecto a los derechos humanos.

 

Descarga fotografías en este enlace.

 

Más información y gestión de entrevistas:

Sara Blázquez | 679 86 45 18 | sara@diesdagost.cat

Josep Comajoan | 699 18 05 46 | josep@diesdagost.cat

 

Nueva legislación de la UE hará más asequible la reparación de determinados productos – activistas impulsan la generalización del derecho a reparar

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La coalición Right to Repair Europe, que representa a más de 130 organizaciones, celebra que las consumidoras europeas vayan a tener un mejor acceso a reparaciones asequibles para determinados productos, pero insta a que las normas sean más amplias.

El jueves, los legisladores de la UE alcanzaron un acuerdo sobre nuevas normas de reparación. La nueva ley apoya la reparación independiente y mejora el acceso de las consumidoras a opciones de reparación asequibles, introduciendo normas sobre precios razonables de las piezas originales y prohibiendo las prácticas de software que impiden la reparación independiente y el uso de piezas de recambio compatibles y reutilizadas. Las activistas aplauden este paso en la dirección correcta para una reparación asequible.

Sin embargo, esta norma sólo es aplicable a los productos para los que la legislación de la UE establece requisitos de reparabilidad [2]. Para estas pocas categorías de productos, los fabricantes estarán obligados por primera vez a ofrecer opciones de reparación más allá del periodo de garantía legal de dos años. Right to Repair Europe exige una legislación más amplia sobre el derecho a reparación que abarque más categorías de productos durante la próxima legislatura. Lamentablemente, la ley actual tampoco ofrece un acceso más amplio a más información sobre reparaciones y más piezas de recambio, ni da prioridad a la reparación dentro del marco de la garantía legal.

La Comisión Europea introducirá una plataforma europea en línea con una lista de soluciones de reparación y recompra en los Estados miembros y presupuestos armonizados, lo que aumentará la visibilidad de las opciones de reparación y la transparencia de sus costes. La UE también anima a los Estados miembros a introducir fondos y bonos de reparación, que han demostrado ser una estrategia viable para mejorar la asequibilidad de las reparaciones. Además, se han dado pequeños pasos para hacer más atractiva la reparación bajo garantía.

Pequeñas victorias con menores repercusiones

La nueva ley obliga a los vendedores a proponer reparaciones si los productos fallan durante el periodo de garantía legal, acompañadas de una prórroga de un año de la garantía tras la reparación. Aunque ha tenido una acogida positiva, el incentivo sigue siendo inferior a la oferta de sustitución, que actualmente viene acompañada de una cobertura adicional de dos años de garantía legal. Por tanto, es más probable que los consumidores opten por la sustitución que por la reparación.

La Comisión Europea creará una plataforma en línea que ayude a las consumidoras a localizar opciones de reparación cercanas, aumentando la visibilidad de las reparaciones.

A petición de la consumidora, las reparadoras podrán optar por presentar un presupuesto armonizado de reparación denominado «Formulario Europeo de Información sobre Reparación», que incluirá información vinculante como el tipo de reparación sugerida y su precio o, si no puede calcularse el coste exacto, el método de cálculo aplicable y el precio máximo de la reparación.

Right to Repair Europe hará un seguimiento con un análisis más detallado de la legislación una vez que tengamos acceso al texto legal aprobado.

Cristina Ganapini, coordinadora de la coalición Right to Repair Europe, ha declarado: «Los pasos dados hacia unas reparaciones asequibles son una victoria para nuestra coalición, que representa el futuro de la economía europea de la reparación. Esto se debe también al Parlamento de la UE, en particular a los incansables esfuerzos del eurodiputado René Repasi contra los retrocesos. La próxima Comisión de la UE debe recoger el testigo y seguir trabajando en el diseño ecológico para garantizar normas de reparabilidad para más productos, mientras que los gobiernos nacionales deben introducir fondos de reparación.»

Marie Castelli, responsable de asuntos públicos de Back Market, ha declarado :

«Poner fin a las técnicas de los fabricantes que impiden la reparación y el reacondicionamiento independientes es un gran paso adelante en la construcción de una economía más circular en la UE. Al abrir los mercados posventa de los productos cubiertos, este texto permitirá a los consumidores acceder a reparaciones asequibles de calidad. Ahora tenemos que ampliar esta libertad de reparación al mayor número posible de productos. Contamos con que la próxima legislatura tenga un ambicioso plan de trabajo de diseño ecológico sobre la electrónica, que es el flujo de residuos que crece más rápidamente».

Mathieu Rama, Director de Programas de ECOS, ha declarado:

«Hay que poner fin a la plaga de los residuos electrónicos, por lo que cada paso hacia productos electrónicos fácilmente reparables es una victoria para el medio ambiente. Con unos precios más razonables de las piezas de recambio y un mejor acceso a la reparación independiente, vamos en la buena dirección, pero esta directiva no basta. Abarca sólo un pequeño grupo de productos; todavía hay que incluir muchos más bajo el paraguas del diseño ecológico antes de que podamos hablar realmente de un derecho universal a la reparación.»

 

[2] Los grupos de productos cubiertos actualmente por los requisitos de reparabilidad en virtud del diseño ecológico son los siguientes: teléfonos inteligentes y tabletas, lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, pantallas, equipos de soldadura, servidores y, próximamente, aspiradoras.

 

Sobre la coalición Right to Repair Europe:

La campaña Right to Repair Europe es una coalición de organizaciones europeas que trabajan para un cambio en el sistema en torno a la reparación. Está formada por 130 miembros en 23 países, incluyendo ONGs, negocios de reparación, redes de reparación, y reparadoras independientes.

Contacto
Cristina   Ganapini
Coordinadora de Right to Repair Europe

Correo electrónico: info@repair.eu

Teléfono: +39 3713519473

El Mobile Social Congress reflexiona sobre el futuro de la industria tecnológica coincidiendo con las fechas del Mobile World Congress en Barcelona

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El MSC, que tendrá lugar del 26 de febrero al 2 de marzo, se iniciará con una acción de artivismo en las puertas del MWC y, a lo largo de la semana, acogerá mesas redondas, charlas, juegos familiares y un podcast en directo.

El Mobile Social Congress (MSC), que se celebra en Barcelona coincidiendo con las fechas del Mobile World Congress (MWC), hará hincapié en los costes reales que tiene la tecnología que consumimos, especialmente los costes sociales y ambientales que actualmente implica la producción de teléfonos y tabletas. El MSC empezará el próximo 26 de febrero en las puertas de la Fira de Barcelona con una acción de artivismo para concienciar sobre los efectos de la industria tecnológica no dirigidos en el MWC.

Con este mismo objetivo, el 27 de febrero se realizará un episodio del podcast Carne Cruda en directo a Paral·lel 62, mesas redondas presenciales y en línea el día 29, en el Auditorio del espacio Calabria 66, y una charla y juegos infantiles para toda la familia el sábado 2 de marzo al patio de la Escuela las Aigües.
El MSC es un espacio abierto a la ciudadanía, que ofrece una mirada crítica al actual modelo de producción y consumo de aparatos electrónicos y de las tecnologías de la información y la comunicación, y una oportunidad para conocer modelos y proyectos alternativos basados en la soberanía tecnológica, la sostenibilidad y el respeto por los derechos humanos.
La industria electrónica es uno de los sectores más dinámicos e importantes de la economía mundial y Barcelona se convierte cada año en su principal escaparate con el Mobile World Congress. Las empresas transnacionales del sector presentan anualmente sus adelantos tecnológicos. Así mismo, también es necesario poner sobre la mesa los costes sociales y ambientales que actualmente implica la producción de nuevos teléfonos y tabletas.
El Mobile Social Congress nace como un espacio alternativo al Mobile World Congress, el objetivo del cual es generar una reflexión y conciencia sobre los impactos generados con la producción y consumo de electrónica, y hacer un análisis crítico en clave ecologista, feminista y de derechos humanos. Desde el Mobile Social Congress, se quieren denunciar las injusticias de un modelo de producción y consumo mundiales basados en el extractivismo y la externalización de los impactos sociales y ambientales en el Sur Global; se quieren destacar los proyectos e iniciativas que plantean nuevas maneras de producir y consumir aparatos electrónicos, respetando los derechos de las personas, el medio ambiente, y haciendo un uso responsable de los recursos, para poder alcanzar a las generaciones futuras, y sin vulnerar los derechos fundamentales de otros pueblos y territorios.
¿Qué escenarios de futuro se plantean ante esta creciente digitalización?
Este año se dirigirán los impactos de la industria desde diferentes ámbitos y también se hará una reflexión sobre qué futuro queremos: ¿tenemos que aceptar a cualquier precio la digitalización? ¿Qué alternativas podemos plantear?
La electrónica y en concreto las tecnologías de la información han ganado un creciente protagonismo en los últimos años. Aun así, ¿qué sabemos sobre cómo se fabrica esta tecnología? ¿Qué escenarios de futuro se plantean ante esta creciente digitalización? ¿Qué retos se plantean desde una perspectiva de los derechos humanos y ambientales? Se dirigirán estas y otras cuestiones, reuniendo diferentes voces para aportar una mirada crítica, para poder tomar un papel activo como ciudadanía a la hora de escoger las políticas y opciones de consumo que contribuyan en un mundo más sostenible, más sano y más justo.

 

Accidente mortal en una mina de níquel en Morowali, Indonesia

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El pasado 24 de diciembre de 2023 por la tarde se produjo un incendio en la fundidora de níquel de la empresa PT ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel), una de las empresas de la zona de PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park). Hasta ahora el número de víctimas mortales es de 19, más 32 trabajadores que han resultado gravemente heridos y están actualmente siente atendidos en el hospital.

Desde la Campaña Electrónica Justa denunciamos los hechos y la carencia de medidas para garantizar la salud y la seguridad a la mina por parte de PT ITSS, así como la complicidad del gobierno indonesio con las empresas extractivas, el cual no está haciendo un seguimiento apropiado de la aplicación de la ley sobre salud y seguridad en el país, ni tampoco está siendo transparente con los procesos de investigación de incidentes como estos, que se continúan repitiendo a la mina des de que se inició este proyecto. Se han registrado 20 incidentes hasta diciembre de 2023.

También denunciamos un modelo de transición basado en el crecimiento, la continua extracción de materias primas y el establecimiento de ‘zonas de sacrificio’ que no tiene en cuenta los daños causados a las personas y los territorios.

La mina de níquel de Morowali y la fundidora forman parte del Proyecto Estratégico Nacional del presidente Jokowi, y se proyecta como una industria que apoya a la transición energética. El níquel es una de las materias primas considerada como crítica por la UE por la transición ecológica, dado que es un mineral clave por la fabricación de baterías eléctricas por los vehículos eléctricos.

Expresamos nuestro pésame a las familias de las víctimas y nuestro apoyo al comunicado y las demandas publicadas por el Centro Indonesio de Lucha Laboral (Gabungan Serikat Buruh Indonesia – GSBI), miembro de la red Good Electronics.

Las demandas son:

1. PT ITSS – EI IMIP y el Gobierno de Indonesia tienen que responsabilizarse plenamente de la recuperación de todas las víctimas de la explosión del horno de fundición de níquel de PT ITSS, y proporcionar indemnizaciones adecuadas, así como garantías de subsistencia y educación para los hijos de las víctimas muertas, así como la certeza de conseguir un trabajo para el futuro de los hijos de las víctimas que han perdido la vida.

2. Formar inmediatamente un Equipo de Investigación Independiente en el cual participen organizaciones sindicales, ONGs, Komnas ANZUELO y la OIT para garantizar que los resultados de la investigación sobre la tragedia mortal del accidente laboral en PT ITSS obtengan resultados objetivos.

3. Poner fin a la intimidación llevada a cabo por la empresa PT ITSS contra los trabajadores que quieren denunciar o proporcionar información libremente sobre las condiciones de trabajo que han causado la tragedia de 19 trabajadores muertos y decenas de trabajadores heridos moderados-graves a causa del accidente que ha tomado lugar a la fundidora de níquel en Morowali.

4. Garantizar y respetar los derechos básicos de los trabajadores, incluyendo el derecho en la libertad de expresión, el derecho a organizarse, incluyendo el derecho en la huelga. Todo esto está garantizado por la legislación indonesia y también por los Convenios de la OIT.

5. Aplicar y hacer cumplir plenamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo y garantizar la disponibilidad de equipos de protección industrial personal completos y adecuados en conformidad con la ley.

6. Imponer sanciones estrictas contra las violaciones de las normas de salud y seguridad en el trabajo que supuestamente se han convertido en una práctica arraigada de la empresa PT ITSS.

7. Exigimos que se deje de afirmar que el proyecto de minería de níquel es un proyecto de transición energética limpia. Y también exigimos que se resuelva fundamentalmente la Crisis Climática y una transición energética justa. Es decir, cambiar el sistema de producción agrícola en su conjunto, lo que requiere la eliminación del poder monopólico de los terratenientes sobre los agricultores rurales, y construir una industrialización nacional que sirva al avance de los sistemas de producción agrícola y al aumento de la productividad agrícola para la seguridad alimentaria, y la apertura de las más amplias oportunidades de empleo posibles, libres de la intervención de la inversión extranjera.

LEER COMUNICADO DEL GSBI COMPLETO EN CASTELLANO AQUÍ

Carta abierta a la Unión Europea para que la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales sea justa y sostenible a nivel mundial

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Carta abierta a la Unión Europea

Para que la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales sea justa y sostenible a nivel mundial, debe garantizar salvaguardias sociales, ambientales y de gobernanza eficaces y estipular la participación significativa de las comunidades locales, los Pueblos Indígenas y la sociedad civil de los países ricos en recursos.

17 de julio 2023

Estimadas y estimados Comisarios,
Estimadas y estimados Honorables Miembros del Parlamento Europeo,
Estimadas y estimados Ministros,

Los movimientos, Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil, sobre todos aquellos de los países ricos en recursos del Sur Global, estamos muy preocupados por la ausencia de una terminología robusta de diligencia debida y salvaguardias fuertes para el abastecimiento de materias primas dentro de la Ley de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella. Quienes vivimos en los países ricos en recursos ya estamos sintiendo el impacto doble de la crisis climática; por un lado, debido a los efectos del propio cambio climático y, por otro, por la expansión de las infraestructuras mineras y de tecnologías renovables derivadas de los planes de descarbonización de los países ricos.

La ambición de la Unión Europea (UE) en materia de descarbonización es encomiable, pero para que sea justa y equitativa, debe atenerse al Estado de Derecho y sus leyes correspondientes deben cumplir con las normas más estrictas, entre ellas el respeto de los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas y la protección del medio ambiente, no solo dentro de la UE, sino también en otros países ricos en recursos, incluidas nuestras tierras y comunidades.

La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella, como la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, tendrán repercusiones directas en nuestra salud y bienestar, nuestras prácticas culturales, tradiciones y valores, nuestros medios de vida y nuestro medio ambiente. Con demasiada frecuencia se asesina a las personas que intentan proteger el medio ambiente del que dependemos.

Por eso, les solicitamos que adopten un enfoque para la descarbonización que esté centrado en los derechos humanos y garanticen que todos los titulares de derechos y las partes interesadas de los países ricos en recursos, no solo los gobiernos y el sector privado, participen en el proceso de forma plena y significativa. En concreto, les solicitamos que establezcan las siguientes condiciones mínimas para la determinación de los proyectos estratégicos y el abastecimiento de materias primas procedentes de los países ricos en recursos:

1) Respetar los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas y atenerse a las leyes, acuerdos y normas internacionales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Convenio de Aarhus en su totalidad, el Acuerdo de Escazú y la Directiva de la UE sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe garantizar que las empresas cumplan con obligaciones rigurosas de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

2) Garantizar que las asociaciones estratégicas se establezcan y funcionen de forma democrática Las negociaciones para establecer las asociaciones estratégicas deben anunciarse de forma oportuna y los acuerdos con los países ricos en recursos deben divulgarse previo a su aprobación. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe abordar el riesgo elevado de corrupción en el sector minero.

3) Participación significativa y la rendición de cuentas Los titulares de derechos, sobre todo los Pueblos Indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales, deben poder participar en la gobernanza de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales y en la determinación y el seguimiento de los proyectos estratégicos y las asociaciones estratégicas.

4) Requisitos mínimos para los proyectos estratégicos Los impactos sociales y ambientales de la minería y los otros proyectos vinculados a la transición energética deben ser evaluados durante el proceso de concesión de autorizaciones, y no se puede permitir la realización de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas afectados. Las empresas que participen en los proyectos estratégicos deben disponer de un mecanismo de reclamo claro, asequible y seguro, y las empresas con antecedentes de vulneraciones de los derechos humanos o destrucción del medio ambiente deben ser excluidas. Debe existir un mecanismo que facilite el acceso a la justicia por parte de las víctimas de los abusos empresariales y que cuente con sanciones estrictas para las empresas que incumplan sus obligaciones de diligencia debida. En lugar de recurrir a la autorregulación mediante los sistemas de certificación, las empresas deben ser supervisadas por los gobiernos y una tercera parte neutral.

5) Respetar nuestras prácticas culturales, tradiciones y valores, nuestras formas de vida y nuestro medio ambiente Los proyectos estratégicos deben respetar las zonas de exclusión, incluidas las zonas protegidas, el mar
profundo y los lugares sagrados. Se deben aplicar y adoptar las normativas correspondientes sobre los minerales procedentes de zonas en conflicto y aquellos extraídos mediante el trabajo forzoso o infantil.

6) No nos deben tratar como meros proveedores de materias primas. Fijar objetivos claros y aclarar qué significa añadir valor mediante las asociaciones estratégicas. Asimismo, favorecer el desarrollo de nuestros países mediante la financiación para hacer frente al cambio climático, la transferencia de conocimientos y tecnología, las disposiciones para las adquisiciones locales y la garantía de que las empresas paguen impuestos en los países anfitriones y generen empleos dignos.

7) Asumir la responsabilidad de reducir el consumo en Europa A su vez, esto reducirá la demanda de materias primas procedentes de nuestros países. Atender a estas preocupaciones es fundamental para poder garantizar la justicia climática y de recursos a nivel mundial. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales puede constituir una oportunidad para que la UE impulse una transición energética justa que salde la deuda ecológica histórica con los países del Sur Global y respete sus propios modelos de desarrollo.

Les instamos a que tomen en cuenta nuestras recomendaciones, ya que las decisiones políticas relativas a la Ley de Materias Primas Fundamentales tendrán una gran repercusión en nuestras vidas.

Atentamente,

 

Firmantes
– AbibiNsroma Foundation
– Action Mines Guinée
– African Resources Watch (AFREWATCH)
– Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER), Indonesia
– Alliance Voahary Gasy (AVG)
– alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
– Alyansa Tigil Mina (ATM)
– Asia Dalit Rights Forum (ADRF)
– Bench Marks Foundation
– Cadre de Concertation de la société civile de l’Ituri sur les Ressources Naturelles
– CartoCrítica (México)
– Centre congolais pour le droit du développement durable (CODED)
– Centro de Análisis Socioambiental (CASA}, Chile
– Christi – Perú
– Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l’Action Publique
(CORAP)
– Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE)
– Coalition Publiez Ce Que Vous Payez-Mali (PCQVP-MALI)
– Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora
– CooperAcción
– Cordillera Women’s Education Action Research Center (CWEARC)
– Corporate Europe Observatory
– Crudo Transparente
– Cultural Survival
– Debt Observatory in Globalisation (ODG)
– Derecho Ambiente y Recursos Naturales
– Ecosistemas
– Engenera, A.C.
– Enginyeria sense Fronteres
– Focus Association for Sustainable Development
– Forest Peoples Programme
– Forests of the World
– Fundación Ciudadanía y Desarrollo – TI Ecuador
– Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Suroccidente
– Fundación Terram
– Funprosperiti Guatecivica
– Future-Prenuers Zambia (FPSZ)
– Global Witness
– Grupo Propuesta Ciudadana
– Indonesia for Global Justice (IGJ)
– Interamerican Association for Environmental Defense -AIDA
– Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
– Legisladores x el Ambiente ALC
– Natural Resource Governance Institute (NRGI)
– Observatoire d’Etudes et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE)
– Observatorio Petrolero Sur
– Pakistan Development Alliance
– Perkumpulan HuMa Indonesia
– Philippine Rural Reconstruction Movement
– Pole Institute (DR Congo)
– Policy Forum Guyana
– Publiez Ce Que Vous Payez Madagascar
– Publish What You Pay Zambia
– Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
– Réseau panafricain de lutte contre la corruption «UNIS»
– Resource Matters
– Satya Bumi
– Securing Indigenous Rights in the Green Economy (SIRGE) Coalition
– SETEM Catalunya
– Solidaritat Castelldefels Kasando
– Southern Africa Human Rights Defenders Network
– Spaces for Change
– TAFOMIHAAVO
– Transparency International Initiative Madagascar
– Transparency International Zambia
– Trend Asia
– Universidad nacional de Colombia, Facultad de minas Medellín, Centro de pensamiento
responsabilidad y sostenibilidad minera

Un punto de inflexión: la Ley de Materias Primas Críticas debe ser justa para las personas y el planeta

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Nos sumamos al posicionament promovido por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, para pedir que la Ley de Materias Primas Críticas tenga una transición social y verde justa.

El siglo XXI exige esfuerzos globales que aporten soluciones a múltiples crisis de naturaleza social y medioambiental que también tienen repercusiones negativas en las economías. Tenemos muchas soluciones a nuestro alcance, pero exigen voluntad política para avanzar (como la legislación sobre ecodiseño de productos o las prohibiciones de algunos productos), y discurso político para desarrollar nuevas herramientas (como los límites a la producción de energía) que darán lugar a una transformación social justa que devuelva a la humanidad cómodamente dentro de los límites planetarios. 

La mayoría de las crisis sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos son el resultado del consumo excesivo de recursos debido a modelos de producción y consumo insostenibles en sociedades cada vez más desiguales, independientemente del nivel de desarrollo de cada país.

Presentamos el posicionamiento firmado por 43 organizaciones de la sociedad civil, que profundiza en les principales cuestiones que se plantean en este contexto en relación a la Lei de Materias Primas Críticas (CRMA por sus siglas en inglés) con algunas recomendaciones:

  1. La UE debe reducir activamente su dependencia en las materias primas primarias y aplicar soluciones del lado de la demanda para disminuir el consumo de materias primas en al menos un 10% para 2030, incluyendo la eliminación progresiva de los productos de un solo uso que contengan materias primas críticas, la aplicación de un sistema de pasaporte de materiales y la adopción de programas nacionales para promover la eficiencia de los materiales y el uso de materiales alternativos.
  2. La CRMA no debe basarse únicamente en los sistemas de certificación para determinar la sostenibilidad de un proyecto, ya que la certificación por sí sola no garantiza el cumplimiento de la normativa obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente; en su lugar, debe llevarse a cabo una evaluación más amplia de los derechos humanos y el desempeño ambiental. Si la certificación se acepta como una herramienta de varias, debe completar criterios como la gobernanza de múltiples partes interesadas, la adhesión a normas exhaustivas, reglas de divulgación, mecanismos de reclamación accesibles e informes públicos de auditoría.
  3. El foco que la CRMA pone en lograr la seguridad del suministro de la UE a través de asociaciones carece de un enfoque de justicia global y de medidas concretas para garantizar las normas de sostenibilidad, la participación de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en terceros países; las recomendaciones incluyen alinear las asociaciones con los acuerdos internacionales, aplicar mecanismos sólidos de supervisión y reparación, definir el «valor añadido», apoyar la industrialización nacional, implicar a la sociedad civil y a los pueblos indígenas, garantizar la transparencia y evitar el debilitamiento de los compromisos a través de otras normativas o acuerdos comerciales.
  4. El hecho de que la CRMA se centre en acelerar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de materias primas críticas entraña el riesgo de pasar por alto las salvaguardias medioambientales y sociales y carece de aceptación pública. La agilización de los permisos no debe producirse a costa de la protección ambiental y la participación pública efectiva.  Elementos como el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y los derechos de los pueblos indígenas deben estar en el centro de los proyectos.  Estos deben hacer referencia a los instrumentos internacionales, y asimismo se deben asignar recursos a las autoridades encargadas de conceder licencias, garantizar la transparencia, establecer un subgrupo sobre sostenibilidad y minería responsable dentro del consejo de materias primas críticas. La minería en aguas profundas debe prohibirse debido a sus posibles impactos ambientales y sociales.
  5. Para el éxito del Pacto Verde Europeo y la autonomía estratégica de la UE, es crucial dar prioridad a un enfoque de economía circular en la CRMA mediante la aplicación de una ambiciosa estrategia de reciclaje, la mejora de la coherencia con la jerarquía de residuos, el aumento de los objetivos de capacidad de reciclaje de la UE, la mejora de la recogida y separación de los componentes que contienen Materias Primas Críticas (CRM por sus siglas en inglés) la introducción de objetivos de contenido reciclado para todos los productos que contienen CRM, la incorporación de medidas para la contratación pública y la garantía de que la recuperación de los residuos mineros siga una normativa exhaustiva e incluya planes de remediación de la contaminación histórica.
  6. La CRMA debe incluir normas exhaustivas para calcular y verificar la huella ambiental de las materias primas críticas. Para ello, se deben contemplar criterios claros para determinar una huella ambiental significativa, teniendo en cuenta el impacto sobre la circularidad y el reciclaje, las normas internacionales y las prácticas sostenibles, la realización de evaluaciones previas y consultas con las partes interesadas pertinentes, la posibilidad de que el Comité Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático proporcione asesoramiento científico, la garantía de declaraciones de huella ambiental para todas las materias primas críticas comercializadas, incluidos los productos intermedios y finales, y la adopción de actos delegados para establecer clases de comportamiento en materia de huella ambiental con parámetros específicos.

Consulta todas les recomendaciones en el Documento de Posicionamento oficial.

La electrónica ha sido el sector con más volumen de productos vinculados con la esclavitud moderna durante el año 2021, según el ‘Global Slavery Index 2023’

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Los países que conforman el G20 importan 468.000 millones de dólares de productos vinculados a la esclavitud moderna anualmente, con el sector de la electrónica como protagonista.

La esclavitud moderna puede tener muchas formas y en la actualidad la conocemos a través de diferentes nombres: mano de obra forzada, explotación sexual, tráfico de personas, prácticas laborales similares a la esclavitud, venta y explotación infantil, etc. Aun así, en todas sus diversas formas se trata de «la eliminación sistemática de la libertad de una persona«, cuando no puede rechazar situaciones de explotación por amenazas, violencia directa, coacción o engaño. De este modo lo define el informe Global Slavery Index 2023, realizado por Walk Free, el cual resalta que 50 millones de personas han vivido en la esclavitud moderna en todo el mundo durante el año 2021 -10 millones de personas más en comparación a las cifras publicadas el 2018-. El estudio se ha llevado a cabo con datos procedentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para la Migración (OIM), que indican que de estos 50 millones de personas, 1 de cada 4 se trata de niños, mientras que el 54% son mujeres.

Una pràctica profundamente relacionada com el consumo de los países del Norte Global

Las causas de esta práctica son diversas, según apunta el informe, pero el consumo de los países del Norte Global está profundamente relacionado. Los datos indican que a pesar de que la mayor prevalencia de trabajos forzados se encuentra en países de renta más baja, estos están vinculados con la demanda de países de renta más alta. En este sentido, el informe destaca el papel ejercido por las naciones del G20, puesto que casi dos tercios de todos los casos de trabajos forzados están relacionados con cadenas de suministro mundiales, es decir, en la extracción de materias primas y en las fases de producción.

La electrónica, el sector que comercializa con más productos relacionados con la esclavitud

Los países que conforman el G20 importan 468.000 millones de dólares de productos vinculados a la esclavitud moderna anualmente, con el sector de la electrónica como protagonista. Esta industria continúa contando con el volumen de productos más alto (243.600 billones de dólares), seguido de las prendas de vestir (147.900 billones), el aceite de palma (19.700 billones), los paneles solares (14,8 billones), y otros productos textiles (12,7 billones).

El estudio también destaca que los productos electrónicos importados por los países del G20 de China y Malasia continúan siendo los de riesgo más alto, registrando también en Malasia casos de trabajos forzados en trabajadores y trabajadoras migrantes, procedentes de Bangladesh, Nepal, Myanmar e indonesia.

Propuestas y alternativas

El informe pide a los gobiernos de todo el mundo que tomen inmediatamente las siguientes cinco acciones clave:

– Poner en práctica medidas más ambiciosas para combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro públicas y privadas mediante la introducción de leyes para impedir que los gobiernos y las empresas adquieran bienes o servicios vinculados a la esclavitud moderna.
– Aprobación de medidas contra la esclavitud en las respuestas humanitarias y de crisis, y garantizar que los derechos humanos se integren en los esfuerzos para construir una economía ecológica.
– Priorizar los derechos humanos cuando se involucren con regímenes represivos, mediante la debida diligencia para asegurar que cualquier comercio, negocio o inversión no contribuya ni se beneficie del trabajo forzado impuesto por cualquier Estado o región.
– Centrarse en la prevención y la protección de las poblaciones vulnerables proporcionando educación primaria y secundaria a todos los niños y niñas.
– Garantizar una protección civil y penalti eficaz en la legislación para abordar el matrimonio forzoso e infantil.

Consulta el informe completo a través del sigüente enlace.

Pedimos que se pare la destrucción de productos electrónicos no vendidos!

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SETEM Catalunya, como miembros de la campaña europea Right to Repair, nos sumamos a la carta dirigida a los parlamentarios europeos, para pedir que la nueva Regulación Europea de Ecodiseño para Productos Sostenibles (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) prohíba la destrucción de productos electrónicos y textiles no vendidos, junto con 45 entidades más de todo Europa.

La destrucción de productos no vendidos representa un derroche muy grave de recursos. A lo largo del proceso de fabricación de estos productos se producen fuertes impactos sociales y ambientales: contaminación de aguas, extracción de materias primas, contaminación producida por la distribución, condiciones de trabajo precarias tanto en el sector textil como electrónico, entre otros.

Los aparatos eléctricos y electrónicos continúan siendo uno de los flujos de residuos de más rápido crecimiento en la UE, con una tasa de crecimiento anual del 2%. Además, se trata de residuos que contienen substancias tóxicas, y cuya tasa de recogida todavía es baja (menos del 40% de los residuos electrónicos se reciclan en la UE (2)). Los servicios digitales estrechamente relacionados representan el 4,2% de las emisiones europeas de GEH, de las cuales el 54% proviene de la fabricación de aparatos electrónicos (3).

El análisis de Francia sugiere que alrededor del 1% de todos los aparatos electrónicos permanecen sin vender y se destruyen cada año (1). Solo en el caso de microondas y hervidores de agua, se estima que se destruyen 98.000 y 140.000 unidades, respectivamente, cada año. Para estos dos productos, esto representa derrochar 25.000 toneladas de CO₂, 690 toneladas de acero, 110 toneladas de vidrio, 2 millones de litros de agua anuales (4).

Poner fin a la destrucción de bienes no vendidos puede ayudar a:
– Reducir los impactos ambientales y prevenir residuos de los sectores textil y electrónico.
– Promover el diseño industrial y la innovación en la gestión para acabar con la sobreproducción desde el comienzo.
– El resto de bienes no vendidos ofrecen una oportunidad para los mercados secundarios, por ejemplo, para los reparadores y restauradores y los actores de la economía social con nuevos productos y piezas de repuesto.
– Favorecer la reducción de la dependencia de la Unión Europea otros países por proveerse de recursos naturales y materias primas críticas.

Por otro lado, no se tiene que subestimar la oportunidad económica de encontrar nuevos mercados y una utilidad para los productos no vendidos. Las proyecciones muestran que el valor de la electrónica y la ropa destruida en la UE asciende a 21,74 mil millones de euros en 2022, (cifra más grande que todo el PIB de Chipre en el año 2020). Si no se toman medidas políticas, podría aumentar hasta 71,29 mil millones de euros en 2030, una cantidad de dinero similar a los ingresos generados por todo el mercado de comercio electrónico alemán el 2019 (5).

Puedes leer la carta en inglés aquí.
Comparte el tuit aquí!

 

Referencias
1. ADEME (2021). Etude des gisements et causes des invendus non alimentaires et de leurs voies d’écoulement. (including footwear)
2. Eurostat (2023) Waste Statistics – Electrical and Electronic Equipment.
3. GreenIT.fr. (2021) Digital technologies in Europe: an environmental life cycle approach (summary report).
4. Cambridge Econometrics (2023) New EU eco-design proposals: case studies to illustrate their potential impact.
5. Okopol (2021) Policy brief on Prohibiting the Destruction of Unsold Goods.

 

Aún no es accesible, asequible ni generalizado: los activistas aprietan las tuercas a la nueva propuesta de la UE sobre el derecho a reparación

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Noticia original (Cristina Ganapini)

Tras dos retrasos de última hora, la Comisión Europea presentó el 22 de marzo un texto muy limitado pero esencial, la «propuesta de la UE sobre el derecho a reparación». Nosotras, la coalición Derecho a Reparar (R2R), acogemos con satisfacción este paso adelante, pero observamos la falta de ambición de la UE para hacer de la reparación una realidad asequible. Una vez más, se pierde la oportunidad de hacer universal el Derecho a Reparar.

La propuesta no aborda las cuestiones candentes de la asequibilidad de la reparación -a pesar de pretender hacerlo- y de las prácticas anti-eparación. La propuesta se centra en reducir la sustitución de productos dentro de la garantía legal, exigiendo a los vendedores que reparen cuando los costes sean iguales o inferiores a la substitución. También obliga a los fabricantes a ofrecer una opción de reparación más allá de la garantía, pero sólo para un conjunto muy limitado de productos (entre ellos, por ejemplo, lavadoras domésticas, secadoras, aspiradoras, lavavajillas y, en un futuro próximo, teléfonos inteligentes y tabletas). Sin embargo, este planteamiento no aborda el coste de la reparación: exigir a los fabricantes que ofrezcan un servicio de reparación no significa que vaya a ser asequible, y la legislación propuesta tampoco cubre el coste de las piezas de recambio. Para que los clientes confíen en la reparación, ésta debe ser accesible, asequible y generalizada.

Algunos pasos en la buena dirección

Entre los pequeños logros, la propuesta introduce la obligación de que los Estados miembros creen plataformas nacionales en línea para registrar a los reparadores, restauradores y compradores de bienes defectuosos para su reparación, con la posibilidad de ampliar su alcance para incluir las relaciones entre empresas, así como las iniciativas de reparación dirigidas por la comunidad. Acogemos con satisfacción esta propuesta como un primer paso para apoyar a los ciudadanos que buscan opciones de reparación o lugares circulares para sus viejos dispositivos. También es un paso importante para legitimar el papel de los reparadores independientes a la hora de ofrecer soluciones en caso de avería del producto (por ejemplo, obtener acceso a piezas e información).

Otra pequeña mejora es que, a petición de las consumidoras, los talleres de reparación deberán presentar un presupuesto/estimación de reparación armonizado denominado «Formulario europeo de información sobre reparaciones» que incluya información obligatoria como el tipo de reparación sugerido y su precio o, si no se puede calcular el coste exacto, el método de cálculo aplicable y el precio máximo de la reparación. Desgraciadamente, aunque la información al consumidor es esencial, la armonización de presupuestos sugerida no hará automáticamente asequible cualquier reparación. Al presentar la propuesta, el Comisario europeo Reynders subrayó que la herramienta hará que la reparación sea asequible, al crear un entorno competitivo para las PYME de reparación. Pero consideramos que esto es insuficiente, si no se abordan las piezas de recambio caras y otros obstáculos a la reparación.

Principalmente, la propuesta se centra en la reparación durante las garantías legales y la reparación dentro de las redes del fabricante. Por un lado, introduce la obligación de que los vendedores reparen los aparatos dentro de la garantía legal, pero sólo cuando el coste de la reparación sea igual o inferior al de la sustitución.

Dar prioridad a la reparación frente a la sustitución es la dirección correcta para reducir la huella medioambiental de los residuos innecesarios. Sin embargo, la obligación, tal como se propone, sólo se aplicaría a una parte muy pequeña de los casos de la vida real. Además, la Comisión no aclara quién debe verificar si una reparación es más asequible que una sustitución ni con qué metodología.

La propuesta deja completamente de lado el potencial de economía circular de los proveedores independientes de reparaciones. Abogamos por un derecho universal a la reparación: los consumidores deben tener derecho a solicitar la reparación a cualquier proveedor que elijan, también durante el periodo de garantía legal.

Por otro lado, la propuesta introduce la obligación para los fabricantes de reparar más allá de la garantía legal a petición del consumidor, si el producto en cuestión está cubierto por medidas de diseño ecológico para la reparabilidad.

Una vez más, esto se aplicará a un conjunto extremadamente limitado de productos, y no se prevé nada que garantice la asequibilidad de tales reparaciones. Dado que los fabricantes de equipos originales determinan el precio de las piezas de recambio y pueden impedir el uso de piezas de terceros mediante la serialización del software, la presión competitiva de otros talleres de reparación es muy escasa o nula. Por lo tanto, si la desventaja competitiva de los talleres independientes no se aborda en las futuras negociaciones de la propuesta, los OEM seguirán teniendo un gran control de la reparación, lo que no ayudará a reducir los precios de reparación. Además, al limitar la gama de productos cubiertos a los que ya lo están por el diseño ecológico, esta legislación no cambia las condiciones de reparación de una gran parte de los productos de consumo.

Aún estamos lejos de un Derecho a Reparación universal

La propuesta de la Comisión se centra principalmente en el papel directo de los fabricantes y vendedores y sólo cubre una pequeña parte de los casos de reparación. Sin embargo, la potenciación de las redes de reparación independientes es esencial para generalizar la reparación y garantizar su asequibilidad. Por lo tanto, nos parece muy problemático que nuestras demandas de un derecho a la reparación verdaderamente universal no se tengan en cuenta en la propuesta de la Comisión.

Al no conceder a las consumidoras un acceso horizontal y equitativo a la reparación, la Comisión va a seguir desperdiciando recursos preciosos en una montaña creciente de residuos electrónicos peligrosos. En el contexto geopolítico actual, se trata también de una oportunidad perdida para reducir nuestra dependencia de materias primas y componentes críticos importados del extranjero. Como documenta el propio servicio de estudios de la Comisión Europea, el fomento de la reparación crearía puestos de trabajo locales, ya que se trata de un sector relativamente intensivo en mano de obra, local y con escasas barreras de entrada a la cualificación.

Cristina Ganapini, Coordinadora de la coalición Derecho a Reparar Europa, declaró:

«Acogemos con satisfacción este intento de hacer más accesible la reparación, especialmente mediante la introducción de registros en línea para los reparadores y la armonización de las estimaciones de costes. Sin embargo, la Comisión ha desaprovechado la oportunidad de abordar concretamente las cuestiones candentes de la asequibilidad de la reparación y de las prácticas contrarias a la reparación. Necesitamos un derecho verdaderamente universal a la reparación que incluya a proveedores independientes y garantice el acceso universal a piezas de recambio, manuales de reparación y herramientas de diagnóstico asequibles.

Las obligaciones concretas de reparación propuestas son demasiado limitadas para provocar la revolución de la reparación que necesitamos. Pedir a los vendedores que reparen durante los dos primeros años, pero sólo cuando sea más barato que la sustitución, y conceder a los consumidores acceso a la reparación después de la garantía, pero sólo para unas pocas categorías de productos, simplemente no es suficiente. Pedimos al Parlamento Europeo y al Consejo que aumenten la ambición de esta primera propuesta de derecho a reparación en la UE».

Claire Darmon, responsable de Asuntos Públicos de Swappie, ha declarado:

«La legislación en materia de consumo debe promover un derecho universal a la reparación, en el que todos los consumidores de Europa tengan la posibilidad de solicitar una reparación al proveedor de su elección. Los proveedores de servicios independientes deben tener la oportunidad de competir con los fabricantes y vendedores ofreciendo sus servicios, tanto dentro como fuera de los periodos de garantía. Tenemos que prohibir a los productores que restrinjan las reparaciones independientes mediante prácticas limitadoras como la serialización de componentes y el emparejamiento de software.Esta es la única manera de promover eficazmente la reparación frente a la sustitución e impulsar pautas de consumo más sostenibles.»

En palabras de Katrin Meyer, coordinadora de Runder Tisch Reparatur:

«Facilitar a las consumidoras la búsqueda de servicios de reparación de calidad es un paso importante hacia el derecho a reparar. Sin embargo, sólo conducirá a un uso más sostenible de los recursos si bajan los costes de reparación. Y contrariamente a lo que comunica la Comisión Europea, la propuesta de hoy no aborda la asequibilidad de la reparación. Las reparaciones caras son la razón número uno para que los consumidores no opten por una solución de reparación. Necesitamos recambios asequibles, tenemos que facilitar el uso de recambios de segunda mano y de terceros, y necesitamos sistemas de financiación como la bonificación por reparación para animar a los consumidores a reparar sus cosas.»

*Para consultas de prensa, póngase en contactar con Cristina Ganapini, Defensora del Derecho a Reparar

+39/3713519473

cristina@therestartproject.org